"Es una decisión significativa no solo para Palawan, sino para todos los defensores del medio ambiente y los filipinos", señaló a EFE un portavoz de la organización Kalikasan, Marco Sebastian Tueres.
La directora ejecutiva del Centro de Asistencia Legal para el Medio Ambiente (ELAC), Grizelda Mayo-Anda, señaló en un comunicado que se trata de un "paso histórico hacia la protección de los bosques y recursos naturales que quedan en Palawan".
Las autoridades locales de la paradisíaca isla, conocida por su diversidad medioambiental, aprobaron el pasado jueves una moratoria de cincuenta años a las nuevas explotaciones mineras, así como una pausa de 25 años a la expansión de las licencias ya existentes.
La decisión fue tomada tras una campaña de recogida de firmas que recabó el apoyo de 100.000 ciudadanos de la provincia.
Tueres explicó que los impulsores de la campaña esperan que la prohibición sea efectiva a la luz de la ley de minería de 1995, que obliga a obtener el acuerdo de las autoridades locales para nuevas explotaciones. Sin embargo, la inquietud entre los ecologistas es que no sea suficiente.
"Todo va a depender de si el Gobierno decide implementarla o no", dijo, al denunciar que las compañías mineras extranjeras "suelen encontrar vacíos" en la ley para desarrollar sus actividades en el quinto país más letal del mundo para ser activista medioambiental, según el último informe de Global Witness.
Frente al júbilo de las organizaciones ecologistas, la Cámara de Minas de Filipinas (CMP, en inglés) lamentó en un comunicado la decisión "miope" de poner trabas a una industria que supone un 7,5 % del producto interior bruto de la región.
Palawan cuenta con once minas activas que ocupan aproximadamente 29.430 hectáreas de tierra, según datos oficiales de la Oficina de Minas y Geociencias de Filipinas. Algo menos de la mitad de esta extensión está dedicada a la explotación de metales como el níquel, la cromita o el oro.
Amnistía Internacional (AI) denunció el pasado enero que los proyectos de extracción de níquel en Palawan estaban dando lugar a abusos contra los derechos humanos de comunidades indígenas y rurales.
Por su parte, organizaciones ecologistas denuncian la amenaza que suponen al medio ambiente en una región que concentra a 105 de las 475 especies de flora y fauna en peligro en Filipinas.