Allí son sometidas a tratamientos forzados "que suponen una amenaza a la libertad de opinión, ya que la medicación o las descargas eléctricas pueden ser utilizadas para controlar o disminuir sus facultades mentales", denunciaron en un comunicado conjunto.
Los relatores y expertos de la ONU señalaron que el proceso por el que los disidentes han sido transferidos a estos centros carece de transparencia, ya que los juicios donde se han tomado estas decisiones han sido a puerta cerrada, lo que lleva a pensar que hay motivaciones políticas detrás.
Según los firmantes, ocho de las personas transferidas ya han sido puestas en libertad, pero 25 continúan en los centros psiquiátricos, donde los afectados están en régimen de incomunicación, su internamiento puede ser indefinido y, al no haber sentencia, sus encierros no pueden ser objeto de indulto o conmutados a libertad provisional.
Entre los firmantes del comunicado destaca el relator especial de la ONU para la situación de los derechos humanos en Bielorrusia, Nils Muiznieks, y los miembros del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas.