La decisión, que requería de 66 apoyos, recibió 61 votos a favor, 12 votos en contra y 8 abstenciones, por lo que fue enviada al archivo legislativo.
El pleno debatió, previamente, un informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que fue aprobado el pasado 12 de marzo por la Comisión Permanente y que planteaba la inhabilitación del exmandatario por 10 años.
Sobre Vizcarra pesa actualmente una primera inhabilitación de 10 años, por presuntamente haberse vacunado de manera irregular contra la covid-19, en octubre de 2020, y otra de 5 años por supuestamente haber tenido vínculos con empresas del sector cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
Tras conocerse el rechazo a esta tercera sanción política, Vizcarra declaró en el Canal N de televisión que esta "no es una victoria", ya que considera que no se alcanzaron los votos requeridos solo "por el desorden propio del Congreso", que realizó una sesión plenaria semipresencial, con la mayoría de legisladores participando de manera telemática.
El exgobernante también informó que ya ha presentado recursos contra las dos inhabilitaciones vigentes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que confía que esto "entre julio y agosto se resuelva".
Vizcarra consideró que obtendrá una resolución favorable y que podrá estar habilitado para postular a las elecciones presidenciales del año próximo antes de la fecha límite para inscribir las candidaturas, que se cumple en octubre próximo.
Durante el debate del informe presentado ante el pleno también se incluyó la recomendación de que se inhabilite durante 5 años al ex primer ministro Salvador Del Solar, pero luego el pleno votó y aprobó una cuestión de orden que declaró la caducidad de esta denuncia.
Vizcarra afronta actualmente un juicio oral por dos casos de presunta corrupción cuando fue gobernador de la región sureña de Moquegua, entre 2011 y 2014, por los cuales la Fiscalía ha pedido que sea condenado a 15 años de prisión.
Además, el Congreso oficializó una acusación penal en su contra por delitos de corrupción, por la presunta contratación irregular durante su mandato de un cantante, con el que supuestamente tenía cercanía, por el Ministerio de Cultura.