En su rol de presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2, Gorini ha estado en el eje de las discusiones públicas en torno a la modalidad de la detención de Fernández y este martes le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria.
Medios especializados en el ámbito judicial argentino atribuyen a Gorini un bajo perfil público y una carrera sin sobresaltos, iniciada tras su egreso como abogado por la Universidad del Salvador en 1992.
De 57 años, el magistrado integra el Tribunal Oral Federal número 2 desde 2011, cuando fue nominado y designado con el aval del bloque oficialista en el Congreso durante el segundo mandato de Cristina Fernández.
Antes había ejercido como titular del Tribunal Penal y Correccional número 36, al cual había accedido durante la presidencia de Néstor Kirchner, difunto esposo de Fernández, o CFK, como también se la conoce.
Pese a su bajo perfil, Gorini ha intervenido en causas de gran relevancia política en Argentina.
En su cargo actual, fue uno de los jueces que condenó en 2012 a la exministra de Economía Felisa Miceli por los delitos de encubrimiento agravado y sustracción de documento público tras el hallazgo en su despacho de una bolsa con dinero cuyo origen no pudo justificar.
Gorini también intervino en el caso de irregularidades en la investigación del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 y en el primer juicio por un siniestro ferroviario en Buenos Aires, ocurrido en 2012 y en el que murieron más de 50 personas.
El 15 de septiembre de 2022, meses antes de firmar la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández, por irregularidades en la concesión de obras viales, la custodia judicial de Gorini denunció la aparición de un paquete sospechoso en la puerta de su casa, en el barrio de Villa del Parque.
El paquete fue detonado de manera preventiva por el Escuadrón Antibombas de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y resultó estar relleno con frutas.
Un juez discreto a cargo de grandes casos
Pese a este y otros episodios, la defensa de Fernández nunca pidió la recusación de Gorini, a diferencia de lo que ocurrió con su compañero del tribunal Rodrigo Gómez Uriburu y el fiscal Diego Luciani, quienes sí fueron cuestionados por sus vínculos con el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), enemigo político de Cristina Fernández.
Según fue constatado en su día y difundido ampliamente por los medios de comunicación, Uriburu y Luciani jugaban al fútbol con Macri en una propiedad del expresidente.
Tras la ratificación de la condena contra la exmandataria, primero por la Cámara Federal de Casación Penal, en noviembre de 2024, y luego por la Corte Suprema el pasado 10 de junio, el tribunal que preside Gorini dio a Fernández un plazo de cinco días hábiles para presentarse ante la Justicia y así comenzar a cumplir su pena.
Un día después, la defensa solicitó que el cumplimiento de la condena fuera bajo la modalidad de prisión domiciliaria, decisión que quedó en manos del juez Gorini.
El magistrado había solicitado licencia para estos días, ya que tenía previsto realizar un viaje relacionado con su faceta deportiva, no muy alejada de su profesión: es miembro del Tribunal de Disciplina de la Federación Argentina de Boxeo.
Ante la ratificación de la condena, Gorini optó por cancelar su viaje para decidir sobre el futuro de la exmandataria, quien desde este martes cumple condena en su domicilio del barrio porteño de Constitución.