En una rueda de prensa con motivo del décimo aniversario del rescate marítimo civil en el Mediterráneo central, United4Rescue, Sea-Watch, Sea-Eye y SOS Humanity, así como otras ONG como Alarm Phone, que opera una línea de emergencia para personas en peligro en el mar, y Refugees en Lybia, que defienden los derechos de los refugiados y documentan las violaciones de los derechos humanos, hicieron balance de su labor.
Hasta abril pasado barcos civiles han participado en el rescate de 175.595 personas en el Mediterráneo central, "a pesar de la creciente presión política y burocrática", según denunciaron las ONG.
Como ejemplo mencionaron el llamado 'Decreto Piantedosi' italiano, que ha llevado a la retención de barcos civiles en 28 ocasiones desde enero de 2023, sumando un total de 761 días perdidos, según las ONG.
Julie Schweickert, explicó desde la cabina de mando del barco 'Sea-Eye 5' que el equipo de rescate con la embarcación llevan retenidas desde el lunes en el puerto de Pozallo, en Sicilia.
Mirka Schäfer, de SOS Humanity, explicó que actualmente hay 21 organizaciones civiles que participan en el rescate marítimo en Europa, que operan 15 barcos, siete veleros y cuatro aviones operativos en una ruta en la que desde 2015 han fallecido o desaparecido al menos 21.700 personas.
Sandra Bils, de United4Rescue, recalcó que "la solidaridad conjunta no es un delito; la muerte en el Mediterráneo es un delito".
Giulia Messmer, portavoz de Sea-Watch, indicó por su parte que, "mientras no exista un programa de rescate marítimo coordinado a nivel europeo, miles de personas seguirán muriendo al intentar llegar a la UE, o quedarán atrapadas en un horrible ciclo de violencia".
Subrayó que la "coordinación estatal del salvamento marítimo salva vidas, como muestra la labor de Salvamento Marítimo en España adscrito al Ministerio de Transportes.
La representante de Sea-Watch propuso el concepto 'Mare Solidale', un programa de salvamento marítimo que, acorde al derecho internacional marítimo y los derechos humanos, podría ser coordinada por la Comisión Europea (CE), que "ya hoy tiene el mandato para iniciar y coordinar una iniciativa así".
Según Messmer, el programa, que ampliará la capacidad de la antigua operación italiana 'Mare Nostrum', requeriría un presupuesto anual de unos 240 millones de euros, un 0,1 % del presupuesto de la UE en 2023 y un 28 % del presupuesto de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en el mismo año, dijo.
La activista enfatizó que, a su juicio, en todo caso "solo el libre movimiento protege del tráfico de seres humanos".
Las ONG exigieron por ello a los gobiernos que no cooperen con regímenes "represivos", por lo que deben poner fin a la cooperación europea con Túnez y Libia.
Lisa Groß, de Watch the Med Alarm Phone, explicó que han asistido solo en mayo a 77 embarcaciones en peligro en el Mediterráneo central, "mientras que las autoridades italianas y maltesas informan principalmente a las milicias libias que llevan a las personas a campos de tortura".
David Yambio, de Refugees in Libya, recalcó que el país africano acoge a casi un millón de personas de diferentes países, de las que la mayoría proviene de Sudán, y todas ellas son "vulnerables al máximo nivel", porque no pueden acceder a protección y "muchos están siendo víctimas de un trato inhumano y denigrante, el tráfico humano, la esclavitud, la tortura y violaciones".