La Dirección de la Fiscalía Pública de Kenia indicó en un comunicado que formuló esos argos contra al comisario Samson Kiprotich Talaam; y los agentes James Mukhwana y Peter Kimani, quien, presuntamente, desmontó el sistema de cámaras de seguridad para tapar el crimen.
También acusó a los civiles John Ngige Gitau, Gin Ammitou Abwao y Brian Mwaniki Njue, arrestados por distintos hechos criminales y que habrían sido usados por la Policía para golpear a la víctima con la intención de sacarle información, según medios locales.
Ojwang, de 31 años y oriundo de Homa Bay (oeste), fue arrestado en su domicilio el pasado 7 de junio por orden del subinspector general de la Policía de Kenia, Eliud Lagat, quien presentó una queja contra la víctima, a quien acusó de publicar supuesta información que “manchaban su nombre” en la red social X.
Según la autopsia, el maestro murió por una herida en la cabeza, compresión en su cuello y heridas en otras partes del cuerpo, que apuntarían a una agresión, en contradicción con la versión oficial que hablaba de “lesiones en la cabeza" después de golpearse contra la pared de una celda.
El caso generó tal grado de malestar social que el presidente de Kenia, William Ruto, condenó el suceso e instó a la Policía a tomar las medidas necesarias para “facilitar una investigación rápida, transparente y creíble sobre la muerte de Ojwang”.
Lagat decidió apartarse del cargo hasta que concluyan las investigaciones de la Autoridad Independiente de Supervisión Policial (IPOA, por sus siglas en inglés) sobre el caso.
El descontento social escaló durante las siguientes semanas con varias protestas, donde cientos de personas salieron a las calles de la capital para exigir justicia, aunque fueron reprimidas por la Policía.
Durante la última protesta, el pasado día 17, dos agentes dispararon a quemarropa contra un joven vendedor ambulante, actualmente hospitalizado.
Esta situación tiene lugar casi un año después de las manifestaciones contra un polémico proyecto de ley con subidas fiscales, que desembocaron en la invasión del Parlamento de Kenia el 25 de junio de 2024 y causaron y al menos 60 muertos.
La brutalidad policial en Kenia ha sido documentada por la plataforma Missing Voices, integrada por ONG como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que, desde 2019, ha contabilizado 1.350 asesinatos y 350 desapariciones forzadas.