El dispositivo se desarrolló en las norteñas provincias de Cajamarca y de La Libertad, afectadas por la proliferación de bocaminas ilegales de la que se extrae comúnmente oro.
En total se neutralizaron 50 campamentos, pozas y maquinaria utilizada en las explotaciones artesanales para la extracción del oro, una acción dirigida por los fiscales adjuntos provinciales Lorgio Castro, Víctor Burga y Alejandra Valdivia.
En Cajamarca se inhabilitaron 32 bocaminas, 7 socavones (accesos y galerías subterráneas), y 21 campamentos mineros.
Además, la fiscalía requisó herramientas como carpas, tolvas (depósitos) o taladros, y parte del material extraído, recuperando hasta 120 sacos con seis toneladas de mineral aurífero.
En La Libertad, el megaoperativo se extendió en la región interior de Huamachuco (caserío El Toro), terminando con 12 bocaminas, 90 pozas y hasta 30 campamentos siderúrgicos, así como la incautación de materiales de trabajo, tales como sopletes, generadores eléctricos o balones de gas.
Los trabajos ocuparon además el Cerro Chilco del departamento norteño, donde se intervino en calidad de citados a tres personas, y se paralizó maquinaria clave en la extracción minera, entre la que se contaron dos excavadoras de oruga, tres camiones con remolque de volquete y dos cargadores de pala frontal.
Esta actividad se hizo en coordinación con la Dirección del Medio Ambiente (Dirmeamb), Dirección contra la Minería Ilegal (Divcomin) y Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) de la Policía Nacional, además de autoridades del Ministerio de Energía y Minas, la Dirección General de Formalización Minera y la Sunat.
La propia fiscalía compartió los trabajos en sus redes sociales con un vídeo del megaoperativo en que muestran la detonación de los espacios incautados, así como de los materiales, herramientas y maquinaria.
La minería ilegal se ha vuelto en los últimos años una de las principales amenazas ambientales y de seguridad para Perú, con la proliferación de organizaciones criminales dedicadas a esta actividad que buscan controlar galerías y socavones por medio de la violencia, lo que ha dado lugar a episodios como la matanza de 13 personas en mayo en el distrito de Pataz.