"Ante este último informe, que ofrece un relato exhaustivo y detallado forensemente de un genocidio en curso, la necesidad de una acción internacional nunca ha sido más urgente", señaló el Ejecutivo en un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Internacionales y Cooperación.
La comisión de expertos independientes, asignada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, concluyó este martes que se cumplen al menos cuatro de los cinco actos tipificados en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948).
Entre ellos, la matanza de civiles, el daño grave a la integridad física y mental, las condiciones de vida destructivas y los ataques contra clínicas de fertilidad como impedimento de nacimientos.
Según el Gobierno sudafricano, el informe supone una "confirmación contundente" de la "gravísima situación" que llevó a Sudáfrica a acudir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en diciembre de 2023, y reiteró su llamamiento a todos los Estados para que cumplan "de inmediato" sus obligaciones en virtud de la Convención.
"Cada vez resulta más evidente que el pueblo palestino enfrenta una amenaza de borrado en tiempo real y que todo el sistema de derecho internacional está en juego", señaló en el comunicado.
"Lo que está en riesgo no es sólo el destino del pueblo palestino, sino el principio mismo de la justicia frente a la impunidad", agregó.
La CIJ, máximo tribunal de la ONU, está en una fase intermedia del procedimiento iniciado por Sudáfrica, que acusa a Israel de violar la Convención, pero este tribunal no lleva a cabo investigaciones propias sobre el terreno, sino que examina los argumentos y pruebas que los Estados presentan en un litigio.
En una fase preliminar del proceso, Sudáfrica solicitó medidas cautelares urgentes para exigir al Gobierno israelí proteger a la población civil palestina y en octubre de 2024 entregó su memoria escrita con los principales argumentos y pruebas.
Ahora, Israel tiene hasta enero de 2026 para presentar los suyos.
El nuevo informe de la comisión de la ONU puede reforzar los argumentos de Sudáfrica, pero la CIJ evaluará su valor probatorio dentro del procedimiento sobre el fondo, cuya resolución podría tardar años.