Francia aprobó un decreto en 2024 que obliga a las páginas webs de contenidos para adultos a comprobar la edad de los usuarios para proteger a los menores y las empresas WebGroup Czech Republic y NKL Associates, establecidas en la República Checa, han pedido a la justicia francesa que anule la norma.
En concreto, alegan que la legislación francesa vulnera el principio de "país de origen" de la directiva de comercio electrónico, según el cual, las obligaciones que un país impone a los prestadores de servicios de la sociedad de la información están sujetas a las normas del Estado en el que están establecidos, en este caso, la República Checa.
El Consejo de Estado de Francia preguntó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cómo debía interpretarse la normativa comunitaria y el abogado general, cuyas opiniones no son vinculantes, dio hoy la razón a las empresas.
Según el abogado general Maciej Szpunar "la obligación de los editores de servicios de comunicación en línea de adoptar dispositivos técnicos destinados a evitar que los menores puedan acceder a los contenidos pornográficos" deben estar sujetos a las normas del país de origen.
Añade además que "las medidas de protección de los menores previstas por el derecho de la Unión, fruto de un consenso entre Estados miembros, ya están reguladas, en particular, por una excepción establecida en la directiva, de modo que no es posible eludir este mecanismo para imponer a los prestadores de servicios obligaciones derivadas de disposiciones generales y abstractas".