En un comunicado, el grupo galo señala que ha conseguido que otros inversores aporten el 10 % que calcula que dejarán de aportar la agencia pública británica de exportación UKEF, y neerlandesa, Atradius.
El proyecto, bautizado como Mozambique LNG, está valorado en 15.400 millones de dólares y cuenta con el respaldo de 30 socios, entre ellos agencias de crédito a la exportación y bancos comerciales.
Entre ellos, en un principio de encontraban UKEF y Atradius, que finalmente han retirado su concurso por los elevados riesgos que representa, ante la amenaza terrorista que ha retrasado el lanzamiento del proyecto.
En concreto, en 2021 se estableció un periodo de "fuerza mayor" después de que la milicia Al Shabab, filial del Estado Islámico, multiplicara los ataques en la región en la que está previsto que se establezca el proyecto, en la península de Afungi, en el noroeste de Mozambique.
Varios informes elevaban a 1.400 el número de víctimas mortales y de desplazados como consecuencia de esos ataques.
En ese periodo, indicó TotalEnergies, se garantizaron las inversiones, incluidas las de estos dos países, que según el grupo francés no habían confirmado su mantenimiento en el proyecto.
Mientras que UKEF aseguró que su retirada respondía a la falta de interés para el inversor británico, la agencia neerlandesa acompañaba su decisión de un informe independiente sobre la violación de derechos humanos cometidos por soldados mozambiqueños en la provincia de Cabo Delgado.
Informe que va en la misma línea que la denuncia presentada en Francia por Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos, que motivó la apertura de una investigación judicial.
Esta ONG afirma que TotalEnergies financió la creación de un grupo de intervención dentro del Ejército mozambiqueño para la protección de la planta gasística que, según los denunciantes, pudo secuestrar a decenas de civiles que huían de Al Shabab.
La empresa francesa criticó este martes a los autores de ese informe, a quienes acusó de "no haberse desplazado a Mozambique" ni "haber llevado a cabo ninguna investigación sobre el terreno" limitándose a "informaciones recopiladas por terceros".
Y defendió su inocencia en ese caso, remitiéndose a lo indicado el pasado 20 de noviembre, día de presentación de la denuncia, en la que aseguraba que no conocía las violaciones de los derechos humanos por las que fue acusada.