El Legislativo aprobó 35.786.974.194,58 bolívares (unos 135,01 millones de dólares, a la tasa de cambio oficial) para ingresos y 114.248.464.817,91 bolívares (unos 431,02 millones de dólares) para gastos operativos del organismo emisor, según el informe de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional.
La diputada chavista Lisett Muñoz, quien presentó el documento, explicó que el BCV "tiene como prioridad hacer frente a grandes desafíos" de una economía que, denunció, enfrenta un "entorno complejo de asedio, de agresiones y de amenazas brutales".
La legisladora, miembro de la comisión, aseguró que las sanciones, en su mayoría impuestas por EE.UU., "buscan, de manera sistemática y permanente, asfixiar" la economía venezolana y la soberanía nacional.
"Esto impacta directamente en la economía nacional y vulnera el desempeño de las actividades transaccionales y no transaccionales del país, al tiempo que genera riesgo y restringe la capacidad institucional", expresó.
En ese sentido, Muñoz consideró "vital" para el BCV la adopción de tecnologías para "cambios estructurales" y que ayuden a "fortalecer la recopilación, análisis y la divulgación de los conocimientos económicos".
El Gobierno venezolano estima que el producto interno bruto (PIB) del país crezca un 9 % en 2025 a pesar de lo que llama un "contexto permanente de agresión económica".
El pasado mes, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, afirmó que la economía venezolana se ha mantenido "imperturbable" a pesar del despliegue militar de EE.UU. en aguas del mar Caribe cercanas a la nación suramericana, algo que, a juicio de la funcionaria, "ningún país aguanta".
Si bien EE.UU. asegura que su presencia militar en la región tiene como objetivo combatir el narcotráfico, Caracas insiste en que Washington busca un cambio de régimen y "hacerse de los recursos energéticos de Venezuela", entre ellos, el petróleo.