Según la norma aprobada, en Rusia no serán aplicadas las sentencias de tribunales de Estados extranjeros cuyas competencias no hayan sido refrendadas por Rusia o no se sustenten en resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
Se trata de enmiendas al artículo 6 de la Ley Federal Constitucional sobre el Sistema Judicial de la Federación Rusa.
La CPI emitió en marzo de 2023 una orden de arresto contra Putin por los delitos de deportación forzada y traslado ilegal de niños ucranianos a territorios ocupados por Rusia durante la guerra en Ucrania.
Tras esta orden, el Kremlin rechazó la jurisdicción de esta corte en relación con Putin y otros altos funcionarios rusos implicados en la campaña militar rusa en Ucrania.
Rusia suscribió en 2000 el Estatuto de Roma -documento fundacional de la CPI-, pero nunca llegó a ratificar y en 2016 revocó su firma después de que la corte dictaminara que la anexión de la península ucraniana de Crimea por Moscú era una "ocupación permanente".
Pese a la orden de arresto por la supuesta deportación de niños ucranianos, Putin viajó en su momento a países como Mongolia, que son firmantes del estatuto y desoyeron el llamamiento a detener al líder ruso.
La Justicia rusa respondió a la orden de arresto condenando en ausencia a penas de entre 3,5 y 15 años de cárcel a nueve fiscales y jueces de la CPI, entre ellos al fiscal Karim Khan, al costarricense Sergio Gerardo Ugalde Godínez y la peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza.
Rusia acusó a los jueces y fiscales de la CPI, entre otros, de iniciar un proceso de persecución penal, que incluye su detención, de representantes de un Estado extranjero que disponen de inmunidad internacional.