Por tanto, un tercio de quienes pidieron la eutanasia murieron en 2024 antes de que se resolviera la solicitud.
Así se desprende del Informe Anual 2024 sobre la Prestación de Ayuda para Morir que publicó este martes el Ministerio de Sanidad, en el que se detalla que, en el caso de las personas que fallecieron antes de obtener respuesta, el tiempo medio transcurrido entre la solicitud y el deceso fue de 47,19 días, con una mediana de 27 días.
Esta mediana es inferior al tiempo mínimo de tramitación de la solicitud requerido por la ley orgánica de regulación de la eutanasia (LORE), subrayó el Ministerio de Sanidad en su informe.
Añadió en él que un total de 141 (15,18 %) solicitudes de ayuda a morir fueron denegadas en 2024 por no cumplir los requisitos legales para pedir la eutanasia, y 54 personas (5,81 %) revocaron voluntariamente su solicitud.
El Ministerio de Sanidad de España también dibujó el perfil de las personas que solicitan la eutanasia.
La mayoría de los procesos finalizados (75,89 %) correspondieron a pacientes mayores de 60 años, y el tramo de edad más frecuente fue el de mayores de 80 años (27,77 %).
Las enfermedades más frecuentes que padecen los solicitantes fueron de tipo neurológico (32,51 %) y oncológico (29,71 %), sumando conjuntamente el 62,22 % de los casos.
España se convirtió en 2021 en el séptimo país del mundo (por detrás de Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá y Nueva Zelanda) en legalizar la eutanasia al aprobar una ley que fue recurrida por el partido ultraderechista Vox, aunque el Tribunal Constitucional (TC) avaló la norma dos años después.
Además, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de los Trabajadores (UGT) cerraron recientemente un acuerdo, que tendrá que aprobarse en el Parlamento, para poner en marcha un nuevo permiso laboral que consistiría en un día para acompañamiento en la eutanasia.
La eutanasia puede ser solicitada en España por las personas que sufran "una enfermedad grave e incurable" o un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante" que afecte a la autonomía y que genere un "sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable".
Desde que entró en vigor la norma en junio de 2021 y hasta finales de 2024, se han registrado un total de 2.432 solicitudes de prestación de ayuda para morir.
De ellas, 1.123 (46 %) terminaron en una prestación efectiva.
El procedimiento se inicia con una solicitud escrita que deben firmar el paciente y su médico, encargado de verificar que cumple los requisitos.
Si el profesional sanitario, denominado "médico responsable", considera que no los cumple, debe enviar un informe desfavorable a la Comisión de Garantía y Evaluación de la comunidad autónoma, un comité de expertos que tendrá quince días para responder.
Si cumple los requisitos, se abre también un periodo de reflexión de al menos quince días en los que se informará al paciente de las diferentes alternativas terapéuticas. Superado ese plazo deberá presentar una segunda solicitud y después confirmar que quiere continuar con el proceso, firmando el documento de consentimiento informado.
Es entonces cuando el médico responsable consulta con un "médico consultor", ajeno a su equipo, que examina de nuevo el caso y emite un informe que, en cualquier caso, deberá ser validado por los expertos de la Comisión de Garantía y Evaluación.