La propuesta de la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez establece que "podrá practicarse la muerte asistida sin que ello constituya delito o dé lugar a acción civil por daños y perjuicios, bajo el amparo de la ley, las normas y lineamientos que emite la Secretaría de Salud para su realización, indicó un comunicado este jueves.
El documento, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, precisa que "solo podrá aplicar la muerte asistida a personas mayores de 18 años, cuando lo soliciten por escrito", la cual deberá informarse al Comité de Bioética a efecto de determinar "la aptitud de la persona y la procedencia de la solicitud".
Para ello, explicó la nota, la Secretaría de Salud emitirá la normatividad y lineamientos que establecerán los requisitos, procedimientos y formatos que deberán observarse y requisitarse, "así como los tiempos de reflexión para la aprobación y ejecución del procedimiento de muerte asistida".
El texto deja en claro que el médico personal que practique cualquier procedimiento de muerte asistida "deberá estar autorizado" por la Secretaría de Salud y "podrá negarse a realizarlo" en cualquier momento.
En este caso, señala, la institución de salud deberá solicitar a otro médico no objetor de conciencia la práctica del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y la normatividad que la Secretaría emite en la materia.
Además, define a la muerte asistida como la "terminación intencional de la vida", practicada por personal médico autorizado, a solicitud expresa de la persona, a través de los procedimientos de eutanasia o suicidio asistido.
Y a la eutanasia, como el acto o serie de actos intencionales, realizados por personal médico autorizado, encaminados a terminar la vida de la persona que lo solicita de manera expresa, previa aprobación de la autoridad competente.
Mientras que el suicidio asistido será aquel en el que el médico personal autorizado proporcione los medios para que, quien solicitó expresamente el procedimiento, autoadministre o ejecute el acto de terminar con su vida, previa aprobación de la autoridad competente.
La iniciativa subraya que en México "se prohíbe expresamente la eutanasia, el suicidio asistido y el homicidio por piedad"; sin embargo, los resultados de la segunda Encuesta Nacional de Opinión sobre el derecho a morir con dignidad 2022, revelaron que el 68,6 % de los encuestados consideran que "las personas en fase terminal de su enfermedad y con un sufrimiento que no se puede evitar, deben tener la opción de adelantar su muerte".
De ellos, el 57,7 % estuvo de acuerdo en que el médico proporcione las sustancias letales y el paciente las tome por sí mismo, mientras el 72,7 % considera que se "deben cambiar las leyes para permitir que los enfermos puedan recibir ayuda para terminar con su vida si así lo deciden".
La diputada apuntó que a nivel mundial pocos países cuentan con legislación o regulación en la materia, como Suiza, Colombia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Canadá, España, Italia, Austria, Alemania, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda.
Mientras que en América, Colombia y Ecuador han despenalizado la eutanasia, no a través de legislación, sino por medio de resoluciones de sus tribunales.