Japón pone fin a un impuesto provisional a la gasolina que acabó durando medio siglo

Tokio, 31 dic (EFE).- Japón puso fin este miércoles a un impuesto a la gasolina adoptado como una medida provisional en 1974 pero que acabó durando más de medio siglo, una decisión tomada para paliar los efectos de la inflación, y que junto con la eliminación de una tasa similar al diésel en 2026 comportará pérdidas de ingresos anuales al erario público de unos 3.825 millones de dólares.

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La abolición del impuesto llega después de que la Cámara Baja de la Dieta, el Parlamento nacional, aprobara a finales de noviembre por unanimidad el proyecto de ley pertinente. La normativa también incluye la eliminación del impuesto provisional al diésel a partir del 1 de abril de 2026.

Japón introdujo en 1974 un gravamen adicional a la gasolina para financiar el desarrollo de carreteras, que se sitúa actualmente en 25,1 yenes por el litro, unos 16 centavos de dólar.

Para evitar fluctuaciones rápidas a causa de la eliminación del impuesto, el Gobierno ha aumentado en las últimas semanas los subsidios a la gasolina para las refinerías, lo que ha empujado a la baja los precios del combustible durante siete semanas consecutivas, hasta los 160 yenes (unos 1,02 dólares) por litro.

La oposición japonesa llevaba tiempo pidiendo la supresión de este impuesto provisional, una propuesta que la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, ha respaldado como una de las medidas estrella de su recientemente aprobado paquete de estímulos económicos para intentar menguar el impacto de la inflación en el país asiático.

Los precios han subido en Japón a una media del 3 % en los últimos meses, lo que viene pesando en los hogares, en un contexto de estancamiento de los salarios reales y que afecta el ciclo de crecimiento tras décadas de deflación en la tercera mayor economía global.

Se estima que la abolición del impuesto provisional a la gasolina y al diésel totalice unas pérdidas de ingresos anuales de unos 1,5 billones de yenes (3.825 millones de dólares), por lo que la hoja de ruta del Gobierno incluye la deliberación de fuentes alternativas de ingresos para asegurar una entrada de capital público estable.

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