Según diversas organizaciones, que califican de "insostenible" la situación, el número de afectados por los gases de las factorías del complejo -dedicado fundamentalmente a la industria del fosfato- "supera el millar" con las intoxicaciones de los últimos días.
El problema medioambiental de Gabes llegó a los tribunales, donde la acusación solicitó la paralización "inmediata" de la producción de las fábricas, como medida "urgente", a la espera de avanzar en un proceso judicial que culmine con el cierre definitivo y permanente del complejo.
Sin embargo, el veredicto sobre el cese provisional se ha aplazado en seis ocasiones desde el pasado octubre -la última, este jueves, cuando se postergó el fallo para el próximo 22 de enero-, lo que dio lugar a una nueva protesta en las puertas de los tribunales, donde decenas de personas volvieron a reclamar su "derecho a respirar".
Este nuevo aplazamiento se produjo, según declaraciones del jefe de la oficina regional de abogados de Gabes, Munir al Adouni, a petición del "mediador de disputas estatales", para "profundizar" en el estudio de la solicitud de paralización.
Cuando finalmente sea emitido el veredicto, si resulta favorable a la acusación, las factorías deberán suspender sus labores de inmediato, a la espera de una resolución posterior para su desmantelamiento.
Los reclamos populares, recurrentes desde hace más de una década, se intensificaron en los últimos tres meses, con manifestaciones multitudinarias y una huelga general llevada a cabo el pasado 21 de octubre en la región.
Por el momento, el Gobierno no ha planteado públicamente la posibilidad de desmantelar las instalaciones, sino que propuso reactivar seis proyectos por valor de 200 millones de dinares (59 millones de euros) para poner fin a las emisiones de gases y que las factorías continúen la producción.
El Consejo Regional de Médicos de Gabes, que calificó de "inaceptable" la continuidad de las actividades, alertó de los "catastróficos y graves efectos para la salud" y los daños "evidentes" causados "a lo largo de sucesivas décadas", acentuados en los últimos meses.
El planteamiento del gremio sanitario fue respaldado por más de medio centenar organizaciones de todo el país, así como de sindicatos y empresas de la zona afectada.