La vista se ha aplazado debido a un error en la asignación del tribunal penal ya ocupado en otro proceso, por lo que tendrá que ser destinado a otro, informaron fuentes judiciales.
Los acusados son cuatro agentes de la Guardia di Finanza (Policía fiscal y de frontera) y dos militares de la Guardia Costera que estaban de servicio en la noche del 25 al 26 de febrero a los que la Fiscalía imputa los delitos de naufragio imprudente y homicidio múltiple.
En este proceso, se han constituido como parte civil 86 personas entre supervivientes, familiares de las víctimas, ONG y asociaciones.
La víspera de esta primera audiencia, los familiares de las víctimas firmaron una carta abierta en la que expresan su decepción por las promesas hechas por el Gobierno tras el naufragio y que no se cumplieron.
"Lo que más nos duele es la sensación de que nos han olvidado. Pasa un año, luego dos, y se acerca otra conmemoración. Las promesas de su primer ministro no se han traducido en acciones concretas. Las reuniones familiares en las que creíamos y esperábamos no se han materializado. Ninguna de las demás promesas que los políticos nos han hecho a lo largo de los años se ha cumplido", se lee.
Los hechos ocurrieron la noche del 25 de febrero de 2023 cuando un pesquero en el que viajaban unos 180 migrantes, en su mayoría afganos, iraníes, paquistaníes y sirios, se hundió a sólo 150 metros de la playa de Steccato de Cutro.
El número de víctimas mortales ascendió a 94, de las cuales 35 eran menores en uno de los naufragios más mortíferos ocurridos en los últimos años en las costas italianas.
El caso provocó gran indignación en Italia tras conocerse que Frontex, la agencia europea de vigilancia fronteriza, había alertado a las autoridades italianas sobre la presencia de un barco en peligro y, sin embargo, no se llevó a cabo ninguna operación de rescate hasta que los propios vecinos escucharon los gritos de los migrantes pidiendo ayuda.
"Las autoridades italianas ignoraron su deber de rescate, pero esta gravísima omisión que tuvo consecuencias dramáticas no puede quedar impune. No se debe permitir más que los responsables, incluidos los niveles de decisión más altos, queden indemnes mientras las personas continúan ahogándose en el mar", según las ONG.
Tras la tragedia, en la que murieron 35 niños, el Gobierno italiano de Giorgia Meloni aprobó el denominado Decreto Cutro sobre la inmigración, que restringe las posibilidades de solicitar asilo y aumenta las penas para los traficantes.
El decreto también incluye medidas para agilizar el proceso de expulsión, mejorar los centros de permanencia para la repatriación y regular la gestión de los centros de acogida de inmigrantes, limitando el estatus de "protección especial" para aquellos que no tengan derecho al asilo o protección subsidiaria.