Durante su intervención ante el máximo tribunal de la ONU, el agente de Birmania, Ko Ko Hlaing, subrayó que la acusación de violación de la Convención contra el Genocidio (1948) es “de la máxima gravedad” y argumentó que Gambia, país que inició este procedimiento contra el Gobierno birmano, “no ha cumplido su carga mínima de la prueba”.
“Este caso debe decidirse sobre la base de hechos probados, no de alegaciones no demostradas, lenguaje emocional o imágenes borrosas”, afirmó Birmania, al señalar que esos elementos “no sustituyen una presentación rigurosa de los hechos”.
Para el Gobierno birmano, las investigaciones de Gambia sobre los hechos son “rudimentarias y partidistas" y su demanda se basa en informes que "no son ni fiables ni objetivos y que prejuzgan a Birmania sin un juicio”, agregó.
Birmania señaló que Gambia “ya no niega los ataques terroristas” ocurridos en 2016 y 2017 en el norte del estado de Rakáin y declaró que el país “no estaba obligado a permanecer inactivo y permitir que los terroristas actuaran libremente”.
Según indicó, las llamadas “operaciones de limpieza” fueron “operaciones de contrainsurgencia o antiterroristas” y se denominaron así usando, aseguró, un término militar, por lo que consideró que no había una intención de limpieza étnica.
Birmania reconoció que “hubo muertos” y que “un gran número de personas abandonó la zona y se dirigió a Bangladés”, y señaló que es “plenamente consciente del coste humano de los conflictos armados, la inestabilidad y el terrorismo”.
Gambia, en cambio, habló el lunes en su intervención de operaciones de “limpieza” y “políticas destinadas a borrar la presencia” rohinyá en Birmania, lo que incluyó, señaló, violaciones “brutales y atroces” como asesinatos, expulsiones, violencia sexual y destrucción de aldeas en Rakáin.
Birmania también rechazó que “no reconozca el derecho a existir de la minoría musulmana” rohinyá del norte de Rakáin y declaró que “no utilizar una denominación concreta no implica en modo alguno que una población no exista o no tenga derecho a existir”. El Gobierno birmano usa el término “bengalíes” para referirse a la población musulmana de Rakáin, lo que rechaza el uso oficial del término rohinyá.
Sobre la nacionalidad, Hlaing señaló que “muchos bengalíes sí poseen uno u otro de los tres tipos de ciudadanía” y que otros “serán reconocidos” si presentan la solicitud correspondiente, y precisó que quienes no resulten elegibles “pueden seguir viviendo legalmente en Birmania” con una Tarjeta Nacional de Verificación.
En relación con el retorno de los desplazados, Birmania afirmó estar “comprometida con la repatriación” de las personas que viven en campamentos en Bangladés y añadió que, tras los hechos de 2016 y 2017, “se alcanzaron rápidamente acuerdos” para el retorno y que existen “planes amplios de reasentamiento y rehabilitación”.
En este sentido, atribuyó los retrasos a “la pandemia de COVID-19”, a “desastres naturales” y a “la inestabilidad” interna, y sostuvo que estos procedimientos están siendo utilizados “para promover agendas que no tienen nada que ver con la Convención sobre el Genocidio”.
Finalmente, Birmania afirmó que “no confía en la imparcialidad” de los mecanismos internacionales citados por Gambia y pidió a la Corte que “evalúe por sí misma todas las pruebas” y que “alcance su propio juicio sobre los hechos”.
El tribunal debe determinar si el país asiático ha violado la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio con sus prácticas contra la minoría musulmana rohinyá, después de que Gambia, firmante - al igual que Myanmar - de la Convención, iniciara el caso en 2019 acusando a las autoridades birmanas de tener una intención genocida contra este grupo.
El centro del caso son las operaciones militares lanzadas en 2016 y 2017 en Rakáin, que provocaron la huida masiva de la población rohinyá. La ONU concluyó en 2018 que existían indicios de “actos genocidas” y crímenes de lesa humanidad, y señaló que, como consecuencia, más de 700.000 personas huyeron a Bangladés.
La demanda de Gambia cuenta con el respaldo formal ante la CIJ de otros once países, y el apoyo de los 57 Estados de la Organización de Cooperación Islámica.
Las audiencias en curso, que se extenderán hasta el próximo 29 de enero, también incluirán testimonios a puerta cerrada de testigos y expertos. La sentencia final, definitiva y legalmente vinculante, tardará varios meses en llegar.