Así lo señaló la magistrada Jia Cobb, del Distrito de Columbia, en una orden donde especifica que el Gobierno puede seguir exigiendo que los congresistas avisen con siete días de antelación sus visitas a centros de detención.
Esta directriz, contra la que un grupo de legisladores opositores presentó una demanda, ya se había frenado en 2025. Como respuesta, el Gobierno decidió modificarla y ahora la jueza señala que, con estos cambios, se considera como una nueva medida y los congresistas deben modificar y revaluar los argumentos legales presentados en la demanda.
En la orden, emitida hoy, la jueza aclara que eso no significa que la nueva norma sea correcta o legal, solo que, si los congresistas quieren tumbarla, tienen que presentar una nueva demanda específica contra esta versión de la política.
En los últimos meses se han multiplicado los choques entre congresistas y la Administración Trump por el acceso a centros de detención de inmigrantes, con episodios en los que se le ha negado el acceso a estos centros a legisladores en la frontera de San Diego, al centro de Broadview, en Illinois, y se ha bloqueado parcialmente una visita de las congresistas Ilhan Omar y Angie Craig a unas instalaciones de ICE en Minneapolis.
El argumento del Gobierno es la necesidad de cumplir con nuevas normas internas de aviso previo y razones de seguridad.
Bajo la actual Administración, las detenciones de migrantes en EE.UU. han alcanzado nivel récord: en promedio, más de 73.000 migrantes permanecieron bajo custodia, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001, según datos filtrados a la cadena CBS New.
El año pasado fue el más mortífero en al menos dos décadas para personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con más de 30 fallecidos.