Un total de 31.562 demandas fueron desestimadas el pasado año, un 21 % más que en 2024, en gran medida por ser declaradas inadmisibles (28.589), indicó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el informe anual de su actividad publicado este jueves.
Una decena de países de los 47 que forman o han formado parte del Consejo de Europa concentraban el 85 % de todas las pendientes a fecha del pasado 31 de diciembre, y en cabeza de todos ellos y a mucha distancia del resto estaba Turquía (18.464), seguido de Rusia (7.177), Ucrania (4.004), Polonia (3.517), Italia (2.787), Grecia (2.562), Rumanía (2.489), Azerbaiyán (2.180) y Moldavia (1.141).
El caso de Rusia es muy particular, ya que aunque fue expulsada del Consejo de Europa en 2022 como reacción a la invasión de Ucrania, los jueces europeos siguen tramitando los casos que tenían entre manos hasta entonces y los que les han llegado nuevos si son competentes, es decir, si hay posibles violaciones de los derechos humanos cometidas hasta septiembre de ese año.
En el caso de España, tenía 186 casos pendientes al finalizar el pasado año, una cifra relativamente baja si se compara con el número de habitantes, aunque hay otros dos países con menor población que tienen menos todavía: Reino Unido (139) y Alemania (127).
Las 914 sentencias dictadas en 2025 por el TEDH permitieron resolver 7.011 casos, lo que significa un 35 % menos que el ejercicio precedente. Hay tener en cuenta que algunos dictámenes agrupan una gran cantidad de denuncias de violaciones de los derechos humanos.
En todas esas sentencias, las cuestiones que más se abordaron fue el derecho a un juicio justo (428 decisiones), el derecho a la libertad y a la seguridad (281), la prohibición de tratos inhumanos y de la tortura (188), el derecho a un recurso efectivo (151) y la protección de la propiedad (128).
Un total de 816 dictámenes condujeron a fallos adversos a los países contra los que se habían presentado, principalmente por atentar contra el derecho a la libertad y a la seguridad (281) y contra el derecho a un proceso justo (256).
Sobre España, hubo 11 sentencias, de las cuales 7 condenatorias y las otras cuatro concluyeron que no hubo violación del Convenio Europeo de los Derechos Humanos.