"Ya en libertad junto a su madre y hermano José Rafael, quien también fue preso político en Venezuela", señaló la ONG en una publicación en X, donde compartió una fotografía del activista junto a su familia en una iglesia.
Entretanto, Fundaredes agradeció, a través de un comunicado publicado en Instagram, la solidaridad, el acompañamiento y el apoyo constante de organizaciones nacionales e internacionales, defensores de derechos humanos, periodistas y ciudadanos que "mantuvieron viva la exigencia de libertad y justicia".
"Durante más de cuatro años, su caso se convirtió en un símbolo de la criminalización contra defensores de derechos humanos en Venezuela, marcado por falta de garantías judiciales, el irrespeto al debido proceso y condiciones que vulneraron sus derechos fundamentales", apuntó.
El vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, señaló en X que junto a Tarazona fueron excarcelados otros presos políticos que se encontraban en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), que será convertido en un centro deportivo y cultural, según informó el viernes la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
Javier Tarazona fue detenido el 2 de julio de 2021, luego de acudir a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón (noroeste), a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de la Policía, agentes del Sebin y sujetos sin identificar, según la organización.
El activista fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que se desarrolló en una zona fronteriza entre ambos países ese año, ante la falta de datos oficiales.
En octubre de 2022, Fundaredes informó a EFE que el juicio contra Tarazona comenzaría de cero, luego de dos meses de audiencias, pues el proceso se vio interrumpido por una baja médica del juez de la causa.
La coordinadora de documentación de FundaRedes, Clara Ramírez, explicó entonces que el juicio había arrancado formalmente el 16 de agosto de 2022 y, desde entonces, "habían transcurrido seis continuaciones de esta audiencia de juicio, que se habían realizado de manera ininterrumpida, cumpliendo los lapsos de ley".
Ramírez indicó que "el juez se encontraba enfermo" y comunicó a las partes "que no se iba a realizar la audiencia", lo que anuló la validez del proceso que había comenzado hace casi nueve semanas.
La activista explicó entonces que las audiencias de juicio no pueden distanciarse una de la otra más de 10 días hábiles.