El Parlamento uruguayo hará finalmente una sola investigación por el caso Cardama

Montevideo, 20 feb (EFE).- El oficialismo y la oposición de Uruguay llegaron a un acuerdo y el Parlamento finalmente tendrá una sola comisión que investigará el contrato entre el Estado y el astillero español Cardama para la adquisición de dos patrulleras oceánicas, recientemente cancelado por el Gobierno de Yamandú Orsi.

Este miércoles, tras un pedido del senador oficialista Sebastián Sabini, la Cámara Alta instaló una comisión preinvestigadora encargada de evaluar la pertinencia de abrir una investigación parlamentaria.

Ese mismo día, legisladores de la oposición solicitaron crear otra comisión investigadora para analizar el proceso, pero en la Cámara de Representantes.

Finalmente, se llegó a un acuerdo para que haya una sola comisión, que contará con mayoría de legisladores oficialistas y será presidida por un opositor.

"En virtud de la duplicación de dos comisiones investigadoras para analizar casi el mismo objeto (...) poder realizar -y economizar como parlamentarios- una comisión investigadora en la Asamblea General, explicó en una rueda de prensa el senador del oficialista Frente Amplio Daniel Caggiani.

Añadió que trabajará por seis meses y estará conformada por nueve legisladores de esa fuerza política y por ocho de los partidos opositores.

El Ministerio de Defensa de Uruguay, bajo la Administración del expresidente Luis Lacalle Pou, rubricó el 15 de diciembre de 2023 el contrato de compra a Cardama de dos buques de patrulla oceánica por 92 millones de dólares.

No obstante, el pasado 22 de octubre, el Gobierno encabezado por Orsi anunció su voluntad de rescindir ese contrato tras detectar presuntas irregularidades en las garantías del acuerdo, después de comprobar que la empresa EuroCommerce -que debía ofrecer el aval- se encontraba en proceso de liquidación.

El mandatario afirmó entonces que existían indicios de "una estafa o un fraude al Estado uruguayo" y ordenó iniciar acciones judiciales. Dos días después, el Gobierno presentó una denuncia ante la Justicia Penal, que luego amplió.

El viernes 13 de febrero, casi cuatro meses después del primer anuncio, el presidente confirmó la rescisión del contrato y el inicio de acciones "para recuperar el patrimonio" del Estado y adquirir las patrullas oceánicas.

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