El Gobierno consiguió los 77 votos que necesitaba para aprobar la iniciativa, que reforma el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), y que llegó al Parlamento en calidad de proyecto económico urgente, una figura constitucional que obliga al Legislativo a tramitarla en treinta días.
Las reformas ahora aprobadas determinan que los gobiernos locales deberán destinar al menos el 70 % de su presupuesto a inversión y no más del 30 % a gasto corriente, como salarios y funcionamiento administrativo.
Una medida que para la asambleísta oficialista Valentina Centeno "responde a una lógica de eficiencia" y de "justicia social con la ciudadanía" para que "primero se prioricen las necesidades básicas de agua potable y alcantarillado y luego el gasto corriente".
Aseguró que en 2024 los gobiernos locales utilizaron "1.000 millones de dólares para sostener estructuras burocráticas", cuando "hay comunidades que no tienen agua potable y hay vías destruidas".
Otros legisladores del oficialismo señalaron que algunos gobiernos locales utilizan el presupuesto en eventos y fiestas, en lugar de invertir en obra pública.
Sin embargo, grupos sociales que salieron a las calles a protestar en los últimos días y partidos de la oposición como el correísmo, que gobierna las prefecturas y municipios más grandes del país, como Quito y Guayaquil, aseguraron que el proyecto es inconstitucional y que provocaría una reducción en el presupuesto destinado a educación y otros servicios básicos.
Diego Salas, de la Revolución Ciudadana, el movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa (2007 - 2017), aseguró que esta reforma "no mide la calidad de los servicios ni resultados" y que el Gobierno "castigará" a los municipios y prefecturas con la reducción del presupuesto si no cumplen con los porcentajes, lo que se traducirá en menor inversión social.
Mariana Yumbay, de Pachakutik, el brazo político del movimiento indígena, señaló que en los rubros de inversión que se cuentan en ese 70 % se excluyó a profesionales que operan los proyectos sociales y educativos o que construyen las obras, lo que impide su ejecución.
"Esto termina castigando a la población y frenando el desarrollo territorial", añadió.
Alfredo Serrano, del conservador Partido Social Cristiano, rechazó que se imponga esta norma "imposible de cumplir" cuando el Gobierno le debe "1.100 millones de dólares" a los gobiernos locales, lo que, dijo, les impide planificar y ejecutar obras.
La aprobación de las reformas fue celebrada por la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, que aseguró que ahora "cada dólar que administran alcaldías y prefecturas deberá transformarse en obras y servicios que mejoren la vida de los ciudadanos".