Así lo explican los mandatarios de esos tres países, además de Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumanía, en una carta fechada el pasado 11 de marzo y dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa.
La misiva comienza diciendo que la guerra en Ucrania, conlleva "riesgos para la seguridad interna" y entre los "más graves y persistentes" menciona "el posible desplazamiento de excombatientes y combatientes rusos en activo (ciudadanos rusos) hacia el espacio Schengen" de libre circulación en la UE.
"Las personas que han participado en la guerra como parte de las fuerzas armadas del Estado agresor representan graves riesgos para la seguridad interna, incluso a través de delitos violentos, redes delictivas organizadas, movimientos extremistas o actividades estatales hostiles en el contexto más amplio de la acción híbrida de Rusia. Entre ellos, se encuentran más de 180.000 delincuentes con antecedentes penales que fueron reclutados en prisiones rusas y enviados al frente", explica la carta.
Los firmantes alertan además de que, a medida que avanzan las rotaciones y la posible desmovilización, es "probable" que "aumente significativamente" el número de personas que hayan luchado en la guerra y busquen "viajar al extranjero".
Y recuerdan que el número de visados Schengen emitidos a ciudadanos rusos "ya ha crecido rápidamente".
Cualquier entrada en el espacio Schengen, advierten, "puede tener graves consecuencias para la seguridad de un Estado miembro o de todo ese espacio" y "la inacción crearía vulnerabilidades a largo plazo que se pueden evitar en esta etapa".
Por ello, llaman a adoptar "medidas decisivas y coordinadas para prevenir consecuencias negativas con carácter de urgencia". Y en ese contexto, subrayan la necesidad de "profundizar la cooperación a nivel de la UE para abordar esta amenaza".
La misma carta recuerda que la nueva estrategia de Bruselas en materia de visados prevé "la posibilidad de nuevas medidas restrictivas de visados específicas en caso de un grave deterioro de las relaciones con un tercer país determinado, incluida una categoría propuesta que abarca a los "excombatientes y combatientes actuales identificados de un Estado agresor".
Y opina que eso da ya la "base política clara" para seguir trabajando en ese tema.
"Invitamos a la Comisión, en estrecha cooperación con el Servicio Europeo de Acción Exterior y las estructuras pertinentes del Consejo, a que examine y presente con prontitud medidas concretas que puedan implementarse a nivel de la UE, incluidas modificaciones específicas del Código de Visados u otros instrumentos apropiados, con miras a posibilitar un enfoque europeo coordinado", dicen los firmantes.
Subrayan que el objetivo debe ser "evitar la fragmentación y garantizar una protección coherente de la seguridad en todo el espacio Schengen".
También piden el pleno uso de los instrumentos existentes para abordar los riesgos de seguridad en este ámbito incluido, "cuando sea posible y esté justificado, la denegación de visados y permisos de residencia, y la imposición de prohibiciones de entrada" en toda la zona Schengen.
Los ocho países invitan al resto de Estados miembros a sumarse a esta iniciativa.
Y añaden que, "dada la gravedad del asunto" creen que "merece atención política al más alto nivel" y que esperan "una respuesta europea coordinada" en la cumbre del próximo 19 de marzo.