"Saludamos la declaración del Alto Comisionado del Consejo de DDHH de Naciones Unidas que pide clarificar la aplicación de la Ley de Amnistía y el alcance de las excarcelaciones recientes, ante la falta de información pública oficial", expresó la agrupación política en un comunicado publicado en X.
En el texto, el partido también hizo un llamado a la comunidad internacional y órganos de defensa de derechos humanos a "exigir enérgicamente" la aplicación de la Ley de Amnistía y "no apartar su mirada de lo que sucede en Venezuela".
Agregó que no se puede mantener lo que consideró como "opacidad" y "discrecionalidad" en el respeto a los derechos en el país suramericano.
Türk afirmó el lunes que su oficina no ha recibido de las autoridades de Venezuela una lista oficial de los presos políticos liberados tras el ataque de EE.UU. a principios de año, y tampoco ha tenido acceso sin restricciones a los centros de detención, como ha solicitado.
Señaló que ninguna de esas peticiones "ha tenido éxito hasta la fecha" y pidió mayor transparencia en lo referido a la puesta en libertad de estos detenidos.
Como respuesta, el canciller venezolano, Yván Gil, acusó a Türk de tener un "sesgo inmoral" e insistir en una "narrativa parcializada" con "acusaciones infundadas" contra el Gobierno chavista.
Asimismo, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, señaló al alto comisionado como "enemigo" de Venezuela.
En los últimos días, varias ONG han denunciado el rechazo a diversas solicitudes de amnistía, incluyendo la del coordinador nacional de organización de VV, Henry Alviárez, así como las peticiones de dos periodistas y un grupo de sindicalistas.
La Ley de Amnistía, promulgada en febrero, contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos.
Hasta el jueves pasado, el Parlamento cifraba en 7.727 las libertades plenas concedidas en el marco de este proceso: 7.474 personas tenían libertad restringida con medidas cautelares -como la prohibición de salida del país y presentación periódica en tribunales-, mientras que los otros 253 estaban encarcelados.
Sin embargo, las autoridades no han publicado un listado oficial con las identidades de los beneficiados.
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, contabilizaba 508 detenidos en Venezuela hasta el pasado miércoles, aunque el Gobierno niega que haya personas arrestadas por estos motivos, sino que afirma que cometieron varios delitos.