Amparada en la ley de memoria democrática de 2022, la Fiscalía de Barcelona reconoció ayer jueves por primera vez un delito de torturas en la detención de la activista independentista Blanca Serra en 1977 por parte de la Brigada Político Social (policía política secreta del franquismo) aunque al mismo tiempo pide su archivo al no haber podido identificar a los autores de los hechos.
Estas son las claves de una resolución que, pese a sus limitaciones, abre un nuevo escenario para resarcir las violaciones de derechos humanos durante el franquismo:
Las torturas que la policía franquista infligió a Serra en una comisaría de Barcelona dieron pie a la primera investigación penal de la Fiscalía sobre los crímenes de la dictadura, después de que los tribunales dictaminaran repetidamente que lo sucedido antes de 1977 no se puede enjuiciar.
Lo Fiscalía invocó la ley de memoria democrática de 2022, que según el ministerio público no solo permite, sino que obliga al Estado a llevar a cabo una "investigación efectiva" con el fin de satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas del crímenes del franquismo, que al tratarse de delitos de lesa humanidad no prescriben.
Durante casi un año de investigaciones, la fiscal de Memoria Democrática Sara Gómez interrogó a Serra, ordenó que un forense valorara el alcance de sus secuelas traumáticas -que da por acreditadas- y accedió al informe policial completo de su detención, en el que constan identificados algunos agentes vinculados al arresto.
Las asociaciones memorialistícas consideran crucial esa diligencia, puesto que hasta ahora sus intentos de acceder a los expedientes policiales de la dictadura habían resultado infructuosos.
Con su denuncia por torturas, la Fiscalía se desmarca de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Constitucional, que impidieron hasta ahora que prosperaran las investigaciones judiciales sobre los crímenes del franquismo al considerar que la ley de amnistía de 1977 lo impide.
Sin embargo, el ministerio público blande la ley de memoria democrática, el derecho internacional y el humanitario para defender la obligación del Estado de investigar los abusos en la dictadura, que, aducen, son delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, "imprescriptibles y no amnistiables".
En cualquier caso, la Fiscalía entiende que para declarar su prescripción todo delito debe ser investigado.
Consciente de que la vía penal no tiene recorrido, la Fiscalía, que en su resolución reconoce a Blanca Serra como "víctima del franquismo", propone la llamada "jurisdicción voluntaria" para que la activista pueda obtener algún tipo de reparación, cuando menos simbólica.
Las sentencias fruto de la "jurisdicción voluntaria" constituyen poco más que una compensación simbólica para las víctimas, puesto que, denuncian las entidades memorialistas, la ley de 2022 cierra la puerta a que el Estado pague indemnizaciones por las violaciones de derechos humanos en la dictadura.
Las víctimas, eso sí, tienen la opción de esgrimir la sentencia civil que las reconoce como tales ante otras instancias o administraciones.
La ley de memoria de 2022 ciñe su ámbito de aplicación a las violaciones de derechos humanos ocurridas desde el golpe de Estado de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución, en diciembre de 1978.
Por eso la Fiscalía investigó únicamente la primera detención de Blanca Serra, en febrero de 1977, pese a que la activista había denunciado torturas, junto a su hermana Eva ya fallecida, en otros tres arrestos en 1980, 1981 y 1982.
Sin embargo, la Fiscalía remitió su resolución a la comisión técnica creada en 2024, de acuerdo con la ley de memoria, para investigar los casos de vulneración de derechos a personas por "su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos" entre 1978 y 1982.
La ley de memoria 2022 establece que esa comisión debe señalar "posibles vías de reconocimiento y reparación" a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la Transición, como se llama en España al periodo desde la muerte del dictador Francisco Franco en 1975 hasta la consolidación de la democracia.