"Yo estoy aquí porque estorbo, yo estoy aquí porque no se sienten cómodos conmigo y eso a mí me enorgullece. Yo les digo algo, me voy con la frente en alto" y reiteró: "Yo no he cometido delito".
Los diputados le preguntaron sobre presuntos delitos que habría cometido durante las elecciones primarias e internas del 9 de marzo de 2025 y las generales del 30 de noviembre, la supuesta persecución contra las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) Ana Paola Hall (presidenta) y Cossette López, de los partidos Liberal y Nacional, y su apoyo al consejero Marlon Ochoa, del entonces partido gobernante Libertad y Refundación (Libre, izquierda).
También fue interrogado sobre videos de hace varios años, uno de ellos que salpicó al expresidente Manuel Zelaya, coordinador general de Libre, y un hermano suyo, Carlos Zelaya, quien era diputado ante el Parlamento, entre otros hechos.
"Si yo he cometido un delito, no duden en llevarme a la cárcel y condenarme a la pena máxima", subrayó el fiscal.
El lunes, en una denuncia presentada contra el fiscal general ante el Parlamento, se le acusó de "actuaciones contrarias a la Constitución de la República" y "negligencia e incompetencia manifiesta para el desempeño del cargo, derivadas de actuaciones y omisiones que, de manera reiterada y sistemática, han contravenido la Constitución, la Ley del Ministerio Público (Fiscalía), la Ley Electoral de Honduras y la Ley Orgánica y Procesal Electoral".
La denuncia subraya, entre otras cosas, que en el desempeño de su cargo, y en especial, durante el proceso electoral, incluyendo días previos a las elecciones generales de 2025, el Ministerio Público, bajo la dirección de Zelaya, desarrolló una serie de actuaciones públicas, operativas y procesales dirigidas contra autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Como parte del proceso, la comisión especial emitirá una declaración y de eso dependerá si el Parlamento ratifica o no la separación de Johel Zelaya como fiscal general, quien en noviembre de 2023 fue elegido de manera interina por una comisión permanente del Parlamento, integrada por nueve de los 128 diputados.
Durante su gestión Zelaya fue acusado por opositores de favorecer a políticos del Partido Libre, que gobernó durante cuatro años, hasta el pasado 27 de enero, con Xiomara Castro como presidenta, esposa de Manuel Zelaya, quien fue su principal asesor cuando estuvo en el poder.