"Pueblo hondureño, desde el inicio manifesté mi disposición de someterme al proceso de juicio político con apego al debido proceso. Hoy es evidente que no hubo igualdad de condiciones: he sido juzgado y prácticamente condenado de forma anticipada", dijo el funcionario en X.
"No legitimaré un procedimiento viciado que violenta mis derechos y la Constitución", subrayó Zelaya en un mensaje pocas horas después de que la comisión especial del Parlamento ante la que compareció el martes, recomendó su destitución definitiva.
Además, en declaraciones posteriores a periodistas, afirmó que no renunciará al cargo.
Zelaya fue invitado para que compareciera este jueves a las 08:00 hora local (14:00 GMT) para que pueda ejercer su derecho a la defensa antes de la votación final.
La apertura del juicio político contra Zelaya fue aprobada por 93 de los 128 diputados que integran el Parlamento, representantes de cuatro partidos (Nacional, en el poder; Liberal, Innovación y Unidad Socialdemócrata y Democracia Cristiana), y la abstención de los 35 del ahora opositor Libertad y Refundación (Libre, izquierda).
Zelaya, quien fue elegido en 2023 por una comisión permanente del Parlamento integrada por nueve diputados, señaló hoy en esa misma red social que en el juicio político "en menos de 48 horas desarrollaron un proceso acelerado: se recibió la denuncia, la admitieron, escucharon testigos de cargo sin permitir repreguntas y deliberaron, recomendando mi destitución".
"Por ello, he decidido no comparecer ante el pleno. No existe objetividad ni garantías mínimas. Seguiré firme, defendiendo la verdad y el Estado de derecho", expresó el fiscal general, quien podría ser destituido hoy mismo.
El lunes, Zelaya fue acusado de "actuaciones contrarias a la Constitución de la República" y "negligencia e incompetencia manifiesta para el desempeño del cargo, derivadas de actuaciones y omisiones que, de manera reiterada y sistemática, han contravenido la Constitución, la Ley del Ministerio Público (Fiscalía), la Ley Electoral de Honduras y la Ley Orgánica y Procesal Electoral".
La denuncia subraya, entre otras cosas, que en el desempeño de su cargo y en especial durante el proceso electoral, incluyendo días previos a las elecciones generales de 2025, el Ministerio Público, bajo la dirección del fiscal general desarrolló una serie de actuaciones públicas, operativas y procesales dirigidas contra autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).