La decisión fue oficializada por la Cámara de Amparo del Supremo, que dejó sin efecto también la orden de detención en contra de Luz Adriana Camargo, actual fiscal general de Colombia, según confirmaron este lunes fuentes judiciales.
Con su dictamen, la Corte Suprema de Justicia guatemalteca anuló la disposición de la Sala Tercera de Apelaciones, que en junio pasado había emitido orden de detención contra Velásquez y Camargo, pese a que la ley no le habilitaba para solicitar capturas.
Precisamente esa fue una de las razones por las cuales el Supremo revocó la medida, al calificarla como "notoriamente improcedente".
Dicha Sala de Apelaciones ha sido señalada por diversos expertos en temas judiciales por sus resoluciones irregulares en contra del partido oficial y también de la libertad del periodista José Rubén Zamora Marroquín, quien estuvo más de tres años en prisión sin cargos probados en su contra.
La solicitud de detención en contra de Velásquez y Camargo fue planteada por el Ministerio Público, cuya fiscal general, Consuelo Porras, y su cúpula, se encuentran sancionados por Estados Unidos bajo señalamientos de corrupción y por intentar derribar los resultados electorales de 2023 que llevaron a la presidencia a Bernardo Arévalo de León.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, bajo el mando de Velásquez y con la participación de Camargo, desmanteló entre 2014 y 2019 más de un centenar de estructuras de corrupción dentro del Estado, en su mayoría comandadas por políticos, empresarios y funcionarios.
Velásquez fue también ministro de Defensa en el gobierno del presidente Gustavo Petro y ahora se desempeña como embajador de Colombia ante el Vaticano.
"A casi un mes de finalizar el periodo de la corrupta fiscal general Consuelo Porras, parece que la situación empieza a cambiar en Guatemala", argumentó Velásquez este lunes al conocer la decisión del Supremo.
La decisión del Supremo también anuló las órdenes de captura contra otros exfucionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala y del Ministerio Público como Francisco Sandoval, fiscal anticorrupción quien también fungió en la acusación del caso Odebrecht.
En 2024, la Organización de Naciones Unidas recordó a las autoridades de Guatemala que los funcionarios extranjeros que formaron parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala siguen gozando de inmunidad en virtud del acuerdo por el que se estableció ese órgano.