La Unión Federal Autónoma Penitenciaria (UFAP-UNSA), el principal sindicato convocante, afirmó que más de la mitad de las 190 prisiones del país se implicaron en la movilización, mientras que el Ministerio de Justicia redujo al 22 % las cárceles que participaron en las acciones.
Los vigilantes y los directores llevan advirtiendo desde hace meses de la situación que consideran explosiva en los centros penitenciarios y para ilustrarlo se amparan en las tasas de ocupación del 137,5 %, con 87.126 personas encarceladas a fecha del pasado 1 de marzo, para 63.500 plazas.
"Es inhumano tanto para los detenidos como para los vigilantes", señaló Jean-François Fogliarino, secretario general adjunto del Sindicato Nacional de Directores Penitenciarios (SNDP-CFDT), en declaraciones a la emisora France Info.
Fogliarino explicó que cuando varios internos tienen que compartir la misma celda para los funcionarios resulta "más complicado de gestionar". Cuando los presos están, además, en "condiciones de vida que son deplorables, no tienen acceso al trabajo, a la formación y a todos los medios de reinserción, la situación se vuelve imposible de gestionar", añadió.
El ministro de Justicia francés, Gérald Darmanin, se ha mostrado contrario a cualquier disposición que intente regular el número de internos como en Alemania, donde a partir de un determinado umbral cada nueva entrada tiene que ser compensada con una salida.
Su departamento espera crear 3.000 nuevas plazas mediante el concepto de prisiones modulares, la mitad de las cuales deberían estar listas desde 2027. Ya en un plan de 2018 se habían previsto 15.000 plazas adicionales, pero por ahora no se han aumentado ni a un tercio de esa cifra.