La operación se ejecutó mediante la reapertura de bonos soberanos vigentes con vencimiento en 2034 y 2039.
El rendimiento fue 50 puntos básicos inferior al obtenido en enero, lo que, según el Gobierno, demuestra mayor confianza en la economía ecuatoriana por parte de los inversionistas internacionales.
Según el Ministerio, los bonos tuvieron una demanda siete veces superior al monto ofertado, al alcanzar los 7.000 millones de dólares, frente a una demanda 4,5 veces superior registrada en la emisión de enero.
Además, el riesgo país de Ecuador cerró este miércoles en 418 puntos, uno de sus niveles más bajos de los últimos once años.
El ministerio señaló que el financiamiento obtenido es de libre disponibilidad y permitirá sostener la inversión pública, fortalecer la provisión de servicios ciudadanos y mantener el dinamismo económico.
El pasado 26 de enero, Ecuador emitió bonos por valor de 4.000 millones de dólares con vencimientos en 2034 y 2039, una operación calificada entonces por el Gobierno como histórica al haber sido la primera emisión de deuda soberana del país en los mercados internacionales de capitales en siete años.
Se trató de una emisión doble de eurobonos, uno por 2.200 millones de dólares con vencimiento en 2034 y un bono por 1.800 millones con vencimiento en 2039, con un rendimiento promedio de 8,975 %, "y reportando el diferencial más bajo de su historia frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos", señaló en ese momento el Ministerio de Economía y Finanzas.
El Gobierno de Daniel Noboa dio ese paso después de lograr que la prima de riesgo, indicador también conocido como 'riesgo país', quedara por debajo de los 500 puntos, cuando se encontraba por encima de los 2.000 al llegar al poder en 2023, lo que alcanzó con una serie de reformas económicas para acortar el déficit fiscal en el marco de un programa crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 5.000 millones de dólares en cuatro años (2024-2028).
Entre esas reformas estuvo la eliminación del subsidio al diésel, que desencadenó protestas sociales entre septiembre y octubre, y el recorte del Gobierno de 20 a 14 ministerios, así como el anuncio de despido de 5.000 funcionarios públicos.
El pasado 22 de abril, el FMI aprobó la quinta revisión del acuerdo crediticio, lo que abrió el camino a un desembolso inmediato de 394 millones de dólares.