En su resolución, la CIDH explicó que otorgó medidas cautelares a favor del empresario cafetalero, que hace negocios en Nicaragua desde 2011, tras considerar que "se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, dado que sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud enfrentan un riesgo de daño irreparable en el país centroamericano".
La parte solicitante, según la CIDH, indicó que Piedra Hernández es un ciudadano estadounidense naturalizado, de 53 años, que fue detenido por autoridades policiales nicaragüenses.
"El 15 de marzo de 2025 un grupo armado vestido de civil emboscó al propuesto beneficiario junto a su familia en la entrada de su hogar, apuntándoles con armas de alto calibre. Luego, el jefe de la Policía de Matagalpa (norte de Nicaragua), acompañado de agentes encapuchados, procedió a saquear su vivienda, así como a confiscar dinero, pertenencias, escrituras y los pasaportes estadounidenses de todos los miembros de la familia", señaló el organismo.
Piedra Hernández permaneció en condición de desaparecido durante tres meses, incluso, amenazaron a su familia con arrestarlos si salían de su residencia. Doce días después, funcionarios del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) y de la Policía de Nicaragua los desalojaron y confiscaron sus bienes tras referir que la residencia "pasaba a ser del Gobierno de Nicaragua", según la resolución.
Actualmente se encontraría privado de su libertad en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como La Modelo, en una celda de castigo, en condiciones inadecuadas, bajo régimen de aislamiento, de acuerdo con la CIDH.
Por su parte, el Estado de Nicaragua no proporcionó información a la comisión, que es un ente autónomo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA). Tampoco ha informado sobre los cargos imputados al empresario estadounidense.
La Comisión solicitó al Estado de Nicaragua, entre otras peticiones, que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, la integridad personal y la salud del ciudadano estadounidense, así como que garantice que las condiciones de su detención sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia.
En la misma vía, la CIDH indicó que el estado nicaragüense debe tomar medidas para garantizar que el beneficiario no sea objeto de agresiones, hostigamientos, intimidaciones o actos de violencia; y que también informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición.