El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) ordenó esta mañana -durante su sesión semanal- la rescisión contractual, el desalojo y el cobro judicial de una deuda de G. 2.400 millones a la firma Avispón SRL, tras detectar un incumplimiento sistemático en el arrendamiento de una propiedad que se encuentra en una ubicación estratégica.
En la sesión, el Consejo expuso una grave situación patrimonial tras un análisis del caso, determinando el inicio de medidas drásticas ante las irregularidades detectadas en el contrato de arrendamiento suscrito con la empresa.
Empresa Avispón tiene un historial de incumplimientos
El inmueble, una propiedad con ubicación privilegiada sobre el río Paraguay, está arrendado desde 2019 bajo la figura de contrato con inversión por un valor de G. 28.500.000 al mes. Según los términos, además del alquiler, la empresa se comprometía a realizar mejoras por un valor de G. 15.000 millones, inversión que, al finalizar el contrato, pasaría a formar parte del patrimonio del IPS.
Sin embargo, a siete años de la firma, los informes técnicos revelaron una realidad distinta. El informe presentado al Consejo muestra que la empresa adeuda a la fecha más de G. 2.400 millones en concepto de arrendamiento. Además, apenas se ejecutó el 18% de las mejoras prometidas, equivalentes a unos G. 2.000 millones.
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El consejero José Argaña expuso durante la reunión que se verificó que el predio, contratado originalmente para operar como “puerto y amarradero multimodal”, está siendo subutilizado o explotado con fines distintos a los acordados, permitiendo que terceros operen en el lugar.
“Estamos hablando de una propiedad sobre el río con una ubicación muy interesante. Están ganando plata a costa nuestra mientras la institución atraviesa una crisis económica. Debemos cerrar estas bocas de fuga”, expresó Isaías Fretes, presidente del IPS, cuestionando además por qué la gestión institucional permitió la acumulación de una deuda tan elevada sin haber iniciado acciones legales con anterioridad.
Isaías Fretes exigió acciones inmediatas
Ante la contundencia de los informes, que ya contaban con un dictamen favorable de la Dirección Jurídica, el Consejo aprobó avanzar en la rescisión contractual del contrato para la cancelación definitiva por causas imputables a la arrendataria.
Además, Fretes pidió el desalojo forzoso. “Ojalá se les pueda echar y ojalá algo se les pueda cobrar algo (...) Hakeko, el IPS ko’ãgã peteî lechera piru hína (Para más, ahora el IPS es una lechera muy flaca)”, expresó.
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En las últimas sesiones, el Consejo del IPS dejó claro que buscan recuperar inmuebles del seguro social, por lo que han iniciado una serie de auditorías sobre el uso de bienes institucionales que podrían estar siendo explotados por terceros sin el retorno económico correspondiente.
En la sesión del martes último, también se mencionó el caso de la Villa Santo Domingo, un predio de 40 viviendas del que al menos 22 inquilinos no pagan alquiler desde hace 14 años.