Así lo explicó el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria tras conocerse este domingo el fallecimiento del líder indígena miskito y exdiputado nicaragüense mientras permanecía hospitalizado bajo custodia estatal en Managua.
"El secretario general reitera la necesidad de respetar los derechos humanos en Nicaragua, incluyendo el derecho a un juicio justo y a un trato y una detención dignos, y pide que se lleve a cabo una investigación rápida, imparcial y transparente sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Rivera".
Rivera, de 73 años y fundador del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama significa ‘Hijos de la Madre Tierra’ en lengua miskita), permanecía ingresado desde el pasado 7 de marzo en la unidad de cuidados intensivos de un hospital capitalino por complicaciones respiratorias, según reportaron las autoridades.
El Gobierno nicaragüense, encabezado por Daniel Ortega y su copresidenta y esposa Rosario Murillo, indicó en un comunicado que su fallecimiento ocurrió pese a "los enormes e intensos esfuerzos" realizados para recuperar la salud de "nuestro hermano Brooklyn", y atribuyó su deterioro físico y neurológico a complicaciones derivadas de una "bacteria generada por la COVID-19".
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU condenó la muerte del activista y aseguró que la falta de una investigación imparcial y la no devolución de los restos de Rivera "refuerza la fuerte presunción de responsabilidad estatal por su muerte".
La jurista uruguaya Ariela Peralta, también en el grupo de expertos, añadió que la desaparición forzada de Rivera desde su detención el 23 de septiembre de 2023, cuando era diputado de la Asamblea Nacional, constituye "un crimen internacional del que el Estado de Nicaragua es legalmente responsable".