La CPI expresó su "satisfacción" por la decisión húngara, comunicada formalmente el 29 de mayo al secretario general de Naciones Unidas, y consideró que supone una muestra del "renovado compromiso" de Hungría con el Estatuto de Roma, el tratado de la CPI, y con el objetivo de acabar con la impunidad por los crímenes más graves del planeta.
Hungría, bajo el anterior gobierno de Viktor Orbán, había anunciado en abril del año pasado su intención de abandonar la CPI coincidiendo con la visita oficial de Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto emitida por el tribunal por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en la Franja de Gaza.
Durante esa visita, entre el 3 y el 6 de abril, las autoridades húngaras no ejecutaron la orden de detención contra el dirigente israelí, pese a las obligaciones derivadas del hecho de que es Estado parte del Estatuto de Roma.
La decisión provocó un enfrentamiento entre Budapest y la Corte y, el pasado julio, la Sala de Cuestiones Preliminares remitió el caso a la Asamblea para que evalúe posibles consecuencias, al considerar que Hungría ignoró las solicitudes de consulta de la Corte y que ningún país puede invocar su legislación interna para evitar cumplir sus obligaciones con la CPI.
El Gobierno de Orbán era uno de los principales aliados europeos de Netanyahu, había justificado tanto su negativa a ejecutar la orden de arresto como su intención de abandonar el tribunal alegando que la CPI no tenía jurisdicción sobre el primer ministro israelí, y había cuestionado la legitimidad de la orden emitida.
Sin embargo, la retirada nunca llegó a hacerse efectiva porque, según el Estatuto de Roma, un país puede revocar su notificación antes de que concluya el plazo de un año establecido para abandonar el tratado una vez notificada la intención de abandonarlo, lo que se habría cumplido este 2 de junio.
La decisión tomada ahora por el actual Gobierno húngaro, del conservador Péter Magyar, evita que el país se convierta en el primer Estado miembro de la Unión Europea en abandonar la CPI.
Además, supone un respaldo a la Corte en un momento de creciente presión política sobre el tribunal, cuyos fiscales y numerosos jueces fueron sancionados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en represalia por el caso abierto contra Israel por crímenes en Palestina.