Esta política se implementó después de los ataques de Hamás y otras milicias palestinas contra Israel el 7 de octubre de 2023 (en los que fueron asesinadas 1.200 personas y otras 250 secuestradas y llevadas a Gaza) y se había mantenido hasta la fecha.
Muchas de las personas que permanecen recluidas en los centros de detención del Ejército y del servicio penitenciario israelí fueron capturadas después de esa fecha.
"Estamos listos para reanudar nuestra labor de visitas a los detenidos en los centros de detención israelíes", dijo a EFE Patrick Griffiths, responsable de comunicaciones del CICR.
"Esto nos recuerda la importante función del CICR en los centros de detención, garantizando que las condiciones de detención y el trato a los detenidos se ajusten a los Convenios de Ginebra", añade.
Griffiths, cuya organización ha solicitado reanudar su labor en los centros de detención israelíes "lo antes posible", recuerda que el acceso del CICR a los detenidos y la posibilidad de reunirse con ellos individualmente "constituyen una obligación del derecho internacional humanitario".
"Consideramos este fallo un paso positivo", reconoce.
Según medios israelíes, los tres magistrados de la mayor instancia de la Justicia israelí señalaron que el Gobierno de Netanyahu no había presentado fundamentos legales que justificaran su política incluso después del regreso de todos los rehenes israelíes de la Franja de Gaza.