La concentración ciudadana, que logró reunir a unas 70 personas según informaciones locales, desafía una tendencia registrada desde la toma de Kabul en 2021: la desaparición casi total de la disidencia en las calles, especialmente la de las mujeres, que han sido eliminadas del ámbito público.
De acuerdo con los datos del proyecto de monitoreo Afghan Witness (AW), la proporción de protestas de mujeres al aire libre en el país se venido desplomando año tras años bajo el yugo talibán, pasando de ser un 88 % del total hasta apenas un 6 % en 2024.
Algunas vecinas del barrio de Jebrail se atrevieron a salir a la calle el martes para denunciar la detención de al menos 30 mujeres y niñas en los últimos días, presuntamente por infringir el estricto código de vestimenta impuesto por el régimen.
Agentes del Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio llevaron a cabo la oleada de arrestos arbitrarios en aplicación de la interpretación talibán de la ley islámica, que recientemente sumó una nueva directiva que prohíbe a las mujeres mostrar el rostro o usar maquillaje en público.
Las fuerzas de seguridad talibanes abrieron fuego contra la multitud para dispersar la marcha, dejando al menos una víctima mortal, un niño, según informó este miércoles la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA).
Tras el tiroteo, los talibanes desplegaron hoy un enorme operativo para militarizar la zona y evitar nuevas protestas, además de imponer un estricto bloqueo médico, prohibiendo el traslado de los heridos a hospitales que no estén bajo el control directo del Gobierno, según contaron testigos a EFE.
La mayoría de las disidencias registradas sucedieron en Kabul o en Herat, los principales núcleos urbanos del país, por temas relacionados directamente con las restricciones educativas, la pérdida del derecho al empleo y las estrictas imposiciones sobre la libertad de movimiento y vestimenta.
Según AW, la visibilidad de la disidencia civil en las calles ha sufrido un estrangulamiento progresivo debido al peligro físico de la represión.
Los informes de fuentes abiertas detallan que los talibanes aplican un castigo colectivo y por proximidad: cuando las mujeres intentan protestar o son detenidas, los talibanes persiguen, arrestan y propinan severas palizas a sus familiares varones, a los hacen responsables legales (mahram) de la conducta de las mujeres.
La ONU estima que al menos 130 manifestantes han sido arrestados desde agosto de 2021 y denuncia que muchos sufren palizas y torturas bajo custodia.
Asimismo, constata que más de 27 periodistas han sido agredidos o detenidos de forma arbitraria por cubrir la disidencia civil, un bloqueo informativo que los talibanes aprovechan para negar los abusos y tildar las denuncias en redes de mera "propaganda".
Según la base de datos de AW, más del 94% de las manifestaciones y campañas de resistencia civil lideradas por mujeres se trasladaron por completo al entorno digital a lo largo del último año, bajo un estricto anonimato.
Un informe del Centre for Information Resilience (CIR) advierte de que las activistas que trasladan la denuncia a internet sufren una campaña de violencia y ciberacoso sistemática, registrando un aumento del 217 % en los discursos de odio en redes y más de un 60 % de ataques directos mediante graves insultos sexualizados.