Los arrestos han sido ejecutados por los carabineros (policía militarizada en las provincias de Taranto, Lecce, Foggia, Matera, Campobasso, Ragusa (sur), Latina (centro), Milán y Verona (norte).
Todos los detenidos están acusados de los delitos de pertenencia a asociación criminal e incitación a la inmigración irregular.
Los investigadores de la Dirección Antimafia y de la Fiscalía de Taranto han constatado la existencia de "una organización criminal estable" que se lucraba del llamado 'Decreto Flujos', el mecanismo con el que el Gobierno italiano estipula cada año el número máximo de inmigrantes que pueden acceder legalmente al país para trabajar.
Según sus pesquisas, esta red reclutaba personas en Pakistán, Bangladés e India ofreciéndoles un empleo en empresas de sectores como la restauración, hostelería, construcción o en tiendas de telefonía, aunque su destino real casi siempre fuera otro: trabajar sin contrato como jornaleros en empresas agrícolas.
La trama contaba con empresas de dichos sectores así como con intermediarios que reclutaban a estas personas y preparaban su documentación para conseguirles el visado laboral.
Los ciudadanos extranjeros 'reclutados' debían pagar hasta 6.500 euros para obtener el permiso y poder viajar a Italia. De ese dinero, 5.000 euros iban para el empresario colaborador, 1.000 para los mediadores y 500 para otros intermediarios.
Después, una vez asignados a una compañía agrícola, el trabajador era también obligado a cubrir los gastos de sus cotizaciones. "Se producía así una situación paradójica en la que el empleado pagaba al propietario de la empresa", escriben los investigadores.
El sistema, sostienen, se lucraba de la vulnerabilidad económica y social de los aspirantes a trabajadores extranjeros, procedentes de "contextos de pobreza o sin perspectivas de futuro".
"Eran inducidos a realizar importantes sacrificios económicos, recurriendo con frecuencia a los ahorros familiares o contrayendo deudas, con tal de obtener un visado de entrada o conservar un permiso de residencia. La esperanza de una vida mejor habría sido convertida en un instrumento de beneficio ilícito", acusan.