"El Gobierno reforzará las leyes australianas contra la esclavitud moderna con un nuevo delito penal para las empresas con ingresos anuales consolidados superiores a 100 millones de dólares australianos (unos 70 millones de dólares estadounidenses) que no impidan la esclavitud moderna en sus cadenas de suministro", señaló la Fiscalía General en un comunicado.
"Se trata de la primera reforma importante de la legislación australiana sobre esclavitud moderna desde su entrada en vigor. Las grandes empresas deberán demostrar que han adoptado medidas razonables para prevenir la esclavitud moderna en sus operaciones y cadenas de suministro", aseveró la fiscal general Michelle Rowland en una entrevista con la radiodifusora estatal ABC.
El anuncio llega después de la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, propusiera en junio imponer tasas del 10 % a las importaciones de catorce socios, entre ellos la Unión Europea, Taiwán, Reino Unido, México y Canadá, mientras otros 46 países, incluidos Australia, China, Japón, Corea del Sur, India, Brasil y Suiza, serían gravados con el 12,5 %.
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, calificó entonces de "injustificados" los aranceles propuestos por Washington y defendió que su país dispone de una de las legislaciones más avanzadas del mundo para combatir el trabajo forzoso y la esclavitud moderna.
Este jueves, la Fiscalía General australiana reafirmó el posicionamiento de Albanese, aunque reconoció que el país "puede y debe hacer más" y, en ese sentido, anunció el nuevo delito penal aplicable a grandes empresas, sin decir la pena.
"Hemos defendido de forma constante ante EE. UU. que cualquier arancel sobre los productos australianos es injustificado e incompatible con nuestro tratado de libre comercio bilateral", aseveró Rowland.