La diputada Giselle Arellano, del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), es quien promueve la citada iniciativa, que observa una sanción de tres días a un año de prisión o de 180 a 360 días de multa (unos 3.200 a 6.400 dólares).
El proyecto también establece que el daño puede ser a la integridad física, psicológica o sexual, en bienes, honor o derechos de alguien con quien el sujeto pasivo mantenga o haya mantenido un vínculo familiar, afectivo, laboral, de convivencia o de cualquier otra naturaleza análoga, señaló la Cámara de Diputados en un comunicado.
La diputada Arellano precisó que la iniciativa "busca fortalecer el tipo penal, actualizar su contenido a la realidad criminológica contemporánea y armonizarlo con los estándares constitucionales", además de consolidar un marco jurídico que vinculan al Estado mexicano que "prevenga la normalización de prácticas de intimidación y violencia" y que promueva la convivencia pacífica dentro y fuera de los entornos digitales.
Destacó que la redacción vigente corresponde a la época en que los medios de comunicación se reducían fundamentalmente al contacto directo y a la escritura postal.
Sin embargo, explicó que "la irrupción masiva de las tecnologías" de la información y comunicación, en particular las redes sociales, las aplicaciones de mensajería instantánea, el correo electrónico, entre otros, "han generado nuevas modalidades de amenazas".
El documento, enviado a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, subraya que "actualmente las amenazas ya no se limitan a interacciones presenciales o comunicaciones tradicionales", sino se manifiestan a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea, correos electrónicos, plataformas digitales, incluso mediante perfiles anónimos o cuentas automatizadas.
Asimismo, se advierte que en particular se han incrementado las amenazas contra mujeres, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, servidoras públicas y grupos vulnerables, por lo que diversos organismos nacionales e internacionales advierten que las intimidaciones constituyen la antesala de conductas más graves de violencia física, psicológica y sexual, de ahí que su atención oportuna resulta indispensable.