Este resumen desmonta, punto por punto, los repetitivos argumentos de la mentira. Además, expone cómo el propio informe de auditoría interna contiene los descargos documentados de exfuncionarios de la previsional sobre la implementación de este producto financiero, donde la entidad bancaria participó como “intermediaria” entre los fondos de salud y jubilaciones, siendo el mismo IPS el que actuó en doble función: fideicomitente y beneficiario.
Todo autorizado
Uno de los cuestionamientos de la auditoría interna –que no es más que un refrito de la auditoría externa firmada por Griselda Irala, cercana a la exministra de Tributación cartista Martha González– apunta a un porcentaje y uso de recursos del fideicomiso en presuntas obras “no presupuestadas”. Ambas fiscalizaciones buscaban, a toda costa, incriminar al Banco Atlas por esos pagos. Sin embargo, terminaron convertidas en un “panfleto” que incluso aplicó leyes erróneas, según argumentaron exfuncionarios del IPS.
Estos descargos, ninguneados por completo, demostraban que todas las actuaciones se ejecutaron por disposición del Consejo de Administración, la máxima autoridad del IPS, sin interferencia alguna del Banco Atlas. Los exgerentes confrontaron a los auditores señalando una contradicción: el informe no lograba demostrar ningún perjuicio patrimonial por la sencilla razón de que las obras sí se construyeron.
“Se rechaza de manera categórica la observación y la existencia de irregularidad alguna (...) ya que todas las gestiones han sido realizadas conforme a las Resoluciones del Consejo de Administración y a las normas establecidas por la ley 1535/99 y sus reglamentaciones respectivas”, sentenció en su descargo Rolando Coronel, exgerente de Administración y Finanzas de la previsional.
A pesar de las pruebas y para no evidenciar su ridículo, la auditoría interna del IPS –liderada por Alicia Olazar, del equipo del exdirector jurídico José “José’i” González– se ratificó en su observación. Eso sí, reculó aclarando que en ninguna línea “la auditoría interna ha mencionado la existencia de daño patrimonial”. Finalmente, en un desesperado intento por involucrar a Atlas, forzó un artículo legal alegando que el banco “tenía que asesorar y orientar al IPS sobre las mejores prácticas”.
Un bochorno al extremo
La auditoría interna también recicló el argumento sobre la inclusión de la frase “otros centros de salud” en una proforma del contrato. Fue precisamente en este punto donde los auditores quedaron más en ridículo frente a los descargos técnicos.
Según los fiscalizadores, dicho apartado no figuraba en la consultoría inicial que sirvió de base para el fideicomiso, e intentaron instalar la hipótesis de que se introdujo recién después de pasar por el Banco Atlas.
Sin embargo, para su bochorno, la exgerente de Administración y Finanzas y exdirectora de Tesorería, Ludia Silvera, les demostró que ninguna de las dos resoluciones previas que daban luz verde al fideicomiso especificaba obras puntuales. La proforma de contrato era, justamente, un borrador que se fue ajustando según las necesidades del IPS y los resultados de la consultoría, antes de la firma definitiva aprobada por el Consejo de Administración.
“Una proforma de contrato es un documento previo a la formalización final; su función principal es sentar las bases claras y completas del acuerdo. Por lo tanto, es una buena práctica y altamente recomendable que contenga todas las cláusulas definitivas que se prevén para el contrato final”, argumentó con claridad la exfuncionaria.
Pese a la contundencia de los conceptos y documentos presentados, la auditoría prefirió ignorarlos. Ratificó su hallazgo con la excusa de que el IPS remitió una proforma original, aferrándose a la consultoría preliminar y pasando por alto, de forma deliberada, las decisiones de la máxima autoridad de la previsional.