En una sesión de la semana pasada, los diputados franceses habían aprobado una enmienda para que los delitos contra menores, como los de violencia sexual, no puedan prescribir, una medida que, no obstante, podría ser inconstitucional, como reconoció entonces el propio Gobierno, favorable a ella.
Asimismo, la Asamblea discutirá otra medida que divide a los parlamentarios: la instauración de la pena de cadena perpetua aplicable en casos de violaciones en serie cuando haya menores de 15 años entre las víctimas.
Mientras los aliados centristas del Gobierno y las derechas la apoyan, buena parte de la izquierda no la respalda por considerar que no da margen a la reinserción.
El texto no ha convencido a muchas asociaciones de la protección a la infancia, especialmente en lo que respecta a los casi 400.000 menores que en Francia reciben algún tipo de protección del Estado por su vulnerabilidad.
De cualquier modo, si se votase el proyecto este mismo martes, tendría posibilidades de salir adelante, siempre que la ultraderecha vote a favor del Gobierno y sus aliados.
El caso de la ausencia de prescripción ha dado mucho que hablar, pues, hasta ahora, solo se aplicaba en Francia para crímenes contra la humanidad.
Un informe de la Asamblea Nacional francesa publicado en abril de este año también respaldaba que los delitos contra menores pasasen a ser imprescriptibles.
Hace casi tres años, la Comisión Independiente sobre el Incesto y la Violencia Sexual contra la Infancia ya recomendaba declarar imprescriptibles las violaciones y agresiones sexuales cometidas contra menores, al estimar que el marco legislativo no ofrecía suficiente protección.
En 2018, los plazos de prescripción para los delitos sexuales contra menores se elevaron a 30 años a partir de la mayoría de edad de la víctima.
El debate legislativo sobre el proyecto de ley para la protección a los niños sucede poco después de un caso que conmocionó a Francia, el de Lyhanna, una niña 11 años que apareció muerta el pasado 4 de junio víctima de una violación.
El asesinato de la menor, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en un granero abandonado en la localidad de Puycasquier (sur de Francia), suscitó una gran polémica en el país después de que se conociera que el principal sospechoso había sido objeto de varias denuncias y alertas por presuntas violaciones a menores sin que llegara a ser interrogado ni puesto bajo custodia policial.