Según informaron ambos cuerpos de seguridad, las víctimas, en situación de extrema vulnerabilidad, vivían hacinadas en condiciones insalubres, eran captadas principalmente en Sudamérica para ser prostituidas en España.
Al llegar a su destino, las mujeres estaban obligadas a permanecer bajo el control de la organización las 24 horas del día debido a la supuesta deuda de 7.000 euros que habían contraído con la red criminal.
Los responsables realizaban fotografías de contenido sexual a las víctimas y ponían anuncios en su nombre en plataformas digitales bajo identidades ficticias.
La operación permitió bloquear 15 cuentas bancarias con un saldo conjunto superior a 30.000 euros y tres inmuebles supuestamente utilizados para ocultar los beneficios obtenidos con la actividad ilícita.
Los 15 detenidos son investigados por presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, y tráfico de drogas.
También por ilícitos relativos a la prostitución, y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de los trabajadores.