En el informe 'Estado de vigilancia: La expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el Gobierno de Argentina', la organización denunció que estos desarrollos son un ataque a los derechos humanos y documentó reformas institucionales impulsadas mediante resoluciones y decretos para ampliar las capacidades de recopilación de información y vigilancia del Estado.
Entre 2024 y 2025 el Gobierno de Milei adquirió tecnologías de vigilancia por valor de 1,2 millones de dólares, incluidas herramientas de seguimiento de redes sociales, sistemas de reconocimiento facial y tecnologías de vigilancia aérea.
“Estas tecnologías se han convertido en parte integrante de la infraestructura de control estatal: se ha atacado a la disidencia, se ha disuadido a los movimientos de protesta y se ha acosado a grupos marginados, entre otras prácticas autoritarias”, expresó en el informe Matt Mahmoudi, investigador y experto en Inteligencia Artificial y Derechos Humanos.
El estudio se elaboró a partir de 21 entrevistas a periodistas, activistas, pensionistas, jóvenes y defensores de derechos humanos, además del análisis de documentos de contratación, datos sobre tecnologías adquiridas e información obtenida mediante solicitudes de acceso a la información.
Esas adquisiciones incluyen plataformas capaces de recopilar y analizar grandes volúmenes de datos de redes sociales, sitios web, la web oscura y bases de datos públicas, además de software de reconocimiento facial, drones y estaciones terrestres con rastreo automatizado, cámaras térmicas y transmisión de imágenes en tiempo real.
AI afirmó que estas herramientas han afectado especialmente a periodistas, activistas y migrantes, algunos de los cuales, según expresaron en sus entrevistas, comenzaron a autocensurarse y a reducir su participación en protestas por temor a ser identificados.
Una de las personas entrevistadas, Ana Tapia, del colectivo Jubilados Insurgentes, relató: “Hace ya mucho que han identificado absolutamente a todo el mundo (....). Cuando caminas (...), de repente, ves el dron en el aire justo sobre tu cabeza. A veces a un par de metros. ¿Por qué tan cerca? ¿Por qué es tan invasivo?”.
Amnistía pidió al Gobierno argentino prohibir el desarrollo, producción, venta y uso de tecnologías de reconocimiento biométrico remoto para vigilancia discriminatoria y establecer mecanismos de regulación, supervisión y rendición de cuentas sobre estas herramientas.
“Argentina debe demostrar su compromiso con los derechos humanos garantizando que la vigilancia basada en la inteligencia artificial no se utiliza sin control y que los responsables de abusos contra los derechos humanos perpetuados por estos sistemas rinden cuentas de sus actos”, afirmó Mahmoudi.