El órgano legislativo y de supervisión de la gestión de la corte con sede en La Haya, donde están representados los 125 países del Estatuto de Roma -entre los que no se encuentra Estados Unidos- reaccionó así a las sanciones anunciadas el martes por Washington contra Akane, jueza japonesa y presidenta de la CPI, y al senegalés Abdoulaye Seye, abogado principal litigante de la Oficina del Fiscal.
"Estas nuevas acciones, que se suman a las designaciones anteriores de la cúpula de la Oficina del Fiscal y de ocho jueces de la Corte Penal Internacional, constituyen lamentables intentos de obstaculizar a la corte y a su personal en el ejercicio de las funciones encomendadas para investigar y juzgar casos que involucran los peores crímenes conocidos por la humanidad", señaló la Asamblea en un comunicado.
La "escalada" de sanciones contra funcionarios y personal de la CPI por parte de EE.UU. "corre el riesgo de socavar las investigaciones en curso y de dificultar los esfuerzos globales orientados a garantizar la rendición de cuentas y a hacer justicia a las víctimas de los crímenes más graves que conciernen a la comunidad internacional en su conjunto", alertaron los países miembros de la CPI.
"Instamos a todos los Estados Partes y partes interesadas del sistema del Estatuto de Roma a mantenerse firmes en su compromiso de defender los principios de la justicia internacional y a permanecer unidos en apoyo a la corte y a los valores consagrados en el Estatuto de Roma", añadió la Asamblea.
Las nuevas sanciones se enmarcan en la campaña de la Administración liderada por Donald Trump contra la CPI por sus investigaciones relacionadas con Israel y Afganistán.
En febrero del año pasado, el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva que abrió la puerta a medidas económicas y restricciones contra personas vinculadas a determinados casos que investiga la CPI.
Además de la investigación de presuntos crímenes cometidos en Afganistán en las dos últimas décadas, Washington rechaza las órdenes de arresto emitidas en 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva militar en Gaza.