El ministro del Interior, Laurent Nuñez, aseguró que asumen que la vigilancia tendrá que extenderse durante la noche, tras haber detectado convocatorias a acudir, disfrazados de Halloween, a manifestaciones violentas a partir de las 20.00 horas.
Agregó que estas concentraciones serán sistemáticamente prohibidas, al igual que el uso de máscaras, tan típicas de la celebración de Halloween, por temor a que sean aprovechadas por los violentos para esconder su rostro y poder cometer actos de violencia.
"El pretexto de la noche de Halloween no será un motivo legítimo para ocultar el rostro en el espacio público", indicó Nuñez, que consideró que la fiesta y el contexto de protesta obligará a afrontar una jornada "particular".
El ministro atribuyó esos llamamientos a la revuelta aprovechando la noche festiva a movimientos de ultraizquierda y señaló que en muchas de las convocatorias, que calificó de "extremadamente violentas", se llamaba a la revolución y a desbordar el orden público.
Muchas de esas manifestaciones están convocadas a través de la red social Bitchat, de más difícil control para la policía porque no usa internet y cuya descarga se ha multiplicado en los últimos días.
Un nuevo frente para las autoridades francesas ya en alerta para lidiar con las protestas sindicales y de los 'chalecos amarillos' contra el encarecimiento de la vida y el deterioro de los servicios públicos, que se han unido a la mecha encendida hace más de tres semanas por los estudiantes de instituto y que mantienen al país en una enorme tensión social a seis meses de las presidenciales.
Un ambiente que encontró su punto álgido el pasado día 17, cuando grupos violentos aprovecharon las manifestaciones para provocar actos de vandalismo y saqueo en numerosas ciudades del país.
El incendio del Ayuntamiento de Limoges, los destrozos en el de Marsella o en la oficina de turismo de Lyon, pero también en unos 3.000 comercios de todo el país provocaron una gran conmoción y llevaron al ministro del Interior a presentar su dimisión, que fue rechazada por el presidente, Emmanuel Macron.
Aunque el pasado sábado el incremento del despliegue policial y la prohibición de manifestaciones en los centros de las grandes ciudades limitó las revueltas, el Ejecutivo no baja la guardia.
Hasta 70.000 agentes se desplegaran por todo el país, incluidas las brigadas de élite de policía y gendarmería, pero también drones, helicópteros, unidades ecuestres y caninas, vehículos blindados y drones, un dispositivo muy similar al de la semana pasada.
Junto a ello, los prefectos han delimitado el ámbito de las protestas, dejando al margen los centros urbanos, lo que ha generado tensiones con los organizadores, que les acusan de querer acallar la voz de la calle.
Simbólico es el caso de París, donde los sindicatos solicitaban manifestarse entre las plazas de Bastilla y Nación, pero la prefectura les ha relegado a una zona más periférica del este de la ciudad.
Los 'chalecos amarillos' solicitaron ir más lejos y acampar a las puertas de la Asamblea Nacional, algo totalmente descartado por las autoridades policiales.
Un escenario idéntico al de otras ciudades que ha abierto un nuevo pulso entre sindicatos, asociaciones estudiantiles y 'chalecos amarillos' con el Gobierno, que también tiene que responder a las demandas de seguridad de los comerciantes, que exigen que no se repita la jornada del pasado día 17.
La firmeza policial del Ejecutivo parece atizar más la cólera de los manifestantes, que siguen determinados y que esperan volver a repetir las cifras de los dos últimos sábados, 800.000 manifestantes, según sus cuentas, en torno al medio millón según las policiales.
Cifras que Interior confiesa que podrán repetirse este sábado, aunque en el epicentro de su preocupación siguen estando los grupos violentos.
Estudiantes y sindicatos exigen que se renuncie al uso de algunas armas policiales, como las granadas de dispersión, que han mutilado a varios manifestantes en los últimos días, a lo que Nuñez responde que son necesarias para contener a los grupos radicales.