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QUITO. “El 5 de diciembre de 2018, a las 10:35, la jueza nacional Dra. Daniella Camacho Herold recibió un oficio de Interpol en el que la institución internacional explica que suprime los datos del ciudadano ecuatoriano Rafael Correa Delgado, tras examinar los elementos concernientes a su situación jurídica”, explicó la Corte.
Correa está en la mira de la justicia por el caso del exdiputado opositor Fernando Balda, quien lo acusa de ordenar su secuestro cuando estaba en Bogotá en 2012.
Cinco personas lo subieron a la fuerza a un automóvil, aunque la policía colombiana interceptó el vehículo y frustró el secuestro.
Balda es un exaliado político de Correa, pero diferencias personales y luego políticas terminaron por distanciarlos.
El caso quedó “congelado” por 6 años en el Poder Judicial, dominado por el exgobernante. Pero dio un giro al asumir la presidencia Lenín Moreno.
Correa atribuye esta acusación a una persecución política. “Como no pudieron demostrarme corrupción, ahora soy ‘secuestrador’”, ironizó Correa.
La ley impide su juzgamiento en ausencia, por lo que el exmandatario, que vive en Bélgica, deberá estar fuera durante siete años si quiere evitar una eventual condena, tiempo que tardan en prescribir los delitos que le imputó la Fiscalía.
Durante una década, el socialista Rafael Correa fue el hombre con más poder y quizá el más temido en Ecuador.
Irascible y popular, el exmandatario descendió de la gloria para quedar a un paso de la cárcel.