Otra pandemia mucho más letal

Es conocido y asumido que los procesos judiciales son lentos y engorrosos y que están cada vez más contaminados por prácticas corruptas.

Frente a esto, el razonamiento popular es simple. Si la justicia no llega y la ley no se hace cumplir, no hay por qué respetarla. Tanto los individuos como los grupos optan por la fuerza, la violencia o por cualquier otro medio ilegal para obtener ventajas indebidas o para lograr su impunidad.

Las consecuencias para la gente común son dramáticas y ya empiezan a producirse reacciones violentas, como se ha visto en las últimas movilizaciones en la capital.

Mientras tanto, el ciudadano pacífico como la sociedad que padecen los hechos delictivos, quedan desprotegidos por el Estado, que tiene la obligación de brindar seguridad a los mismos, con vistas al bienestar general.

Estas reflexiones vienen a cuento al observar la actuación de los órganos judiciales en Caacupé, en un caso particular, pero que es ilustrativo de esta situación.

Se trata de un asalto en perjuicio de un comercio de la zona ocurrido el 12 de junio de 2019.

Resulta que a casi dos años del ilícito y tras cuatro intentos, aún no pudo celebrarse el juicio oral para las cuatro personas acusadas, debido a las sucesivas chicanas promovidas por la defensa y a la complaciente e irregular gestión de ciertos funcionarios del sistema judicial local.

El insólito motivo de la cuarta postergación del juicio oral mueve a sonar la alarma ante tanto despropósito.

Es que cuando por fin estaban dadas las condiciones para realizar el juicio oral, faltando media hora para el inicio del mismo, se percatan de la inasistencia del principal acusado, quien no pudo ser localizado en el momento para conocer el motivo de su incomparecencia. Ni el Juzgado a cuyo cargo está el encausado tenía conocimiento del lugar exacto de reclusión.

Tampoco los encargados de organizar el juicio oral tomaron todos los recaudos para asegurar la comparecencia de los acusados. ¡Inverosímil y vergonzoso!.

Esta vez no fueron las chicanas habituales de abogados sino que la desidia, negligencia o inoperancia de los propios funcionarios del sistema judicial la que está posibilitando el retardo de la justicia y la impunidad.

Mientras el tiempo transcurre inexorablemente y la justicia no llega, la frase popular “justicia lenta no es justicia” va cobrando mayor vigencia.

En este y muchos otros sonados casos, el actuar de los miembros del Poder Judicial va de contramano, incrementando el descreimiento hacia las instituciones y sus autoridades y alentando la resolución de los causas judiciales por fuera de la ley.

De esta manera se está conformando un escenario propicio para otra letal pandemia: la anomía, lo cual no es un buen presagio para nuestro querido país.

Arístides Raidan Gómez

CI Nº 384415

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