Habiendo podido optar por el veto total o parcial de la ley, el Ejecutivo dejó que esta tenga promulgación automática y con esto se mantienen las modificaciones que introdujo Diputados, obligando a que los datos únicamente puedan ser obtenidos por una orden judicial, algo que va totalmente en contra de los principios de la Ley de Acceso a la Información Pública y la transparencia, promovidos por organizaciones sociales que impulsaron la propuesta legislativa.
De hecho, Ezequiel Santagada, representante del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), recordó que “el peor error de la administración de Mario Abdo Benítez fue la falta de transparencia en la negociación del Acta Bilateral. Ahora, acaba de convertir en ley el mayor retroceso en materia de acceso a la información”.
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Santagada afirmó que así como el vicepresidente Hugo Velázquez “embretó” al mandatario con todo el conflicto del cuestionado acta entreguista, ahora también lo hizo junto con el contralor Camilo Benítez.
La decisión va en contra de lo que establecieron dos instancias judiciales, que fallaron a favor de la transparencia, afirmando que las declaraciones juradas son información pública y por ende deben ser asequibles para la ciudadanía sin restricciones.
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No obstante, instancias judiciales el panorama también está complicado para la transparencia, ya que las acciones judiciales planteadas serán tratadas por cuestionadas ministras como Myriam Peña y Gladys Bareiro de Módica, que fueron recusada, pero a la cuales decidieron mantener en el caso.