Hacienda incluye US$ 30 millones para urnas electrónicas en el proyecto del Presupuesto 2020

El proyecto para el Presupuesto General de Gastos de la Nación de 2020 fue presentado ante el Senado.Gentileza

Durante la presentación del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2020, el ministro de Hacienda, Benigno López, adelantó que destinarán US$ 30 millones para la implementación de las urnas electrónicas. El PNG asciende a US$ 13.400 millones, un 2% superior al vigente actualmente.

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Pese al miedo expuesto por varios referentes políticos, el Ministerio de Hacienda finalmente incluyó los fondos para la implementación del desbloqueo de listas sábana mediante urnas electrónicas durante las elecciones municipales. El ministro adelantó que US$ 30 millones se destinará para tal fin.

Ante el Senado, presentaron el proyecto del PNG, que sería de G. 85,5 billones (US$ 30 millones), de los cuales G. 45,9 millones irán para la Administración Central. Se estima un crecimiento del 20% en la recaudación impositiva con respecto al Presupuesto 2019.

Además, G. 5,8 billones estarán enfocados en la salud y G. 7.6 billones se destinará al sector educativo, incluyendo un porcentaje para un aumento del 16% del salario a los docentes, a partir del mes de julio. Eso implica alrededor de US$ 11 millones más que el año pasado, agregó.

Asimismo, el proyecto garantiza una inversión de G. 4.8 billones en seguridad, estimando la incorporación de 1.100 nuevos oficiales de Policía y 2.011 nuevos cadetes para el año que viene.

Por otra parte, se prevén G. 2 millones para asistir a 160.000 familias mediante el sistema Tekoporã y 10.000 participantes de Tenonderã. Además, aseguran que con este presupuesto se garantiza el acceso a servicios de protección a 3.539 niños y adolescentes y 205.976 adultos mayores.

López destacó en otro momento que los ingresos disminuidos son de alrededor de US$ 230 millones menos que el año pasado y sobre eso se hace la proyección que se hace para el PNG del año que viene. En otro momento, mencionó que hay un US$ 206 millones de ingresos adicionales.

El ministro también aseguró que con este proyecto se garantiza una inversión en infraestructura a través de créditos multilaterales y la emisión de deudas internacionales, “dentro de lo que permite la ley de responsabilidad fiscal”, acotó. En ese sentido, destacó que la inversión para obras públicas será de alrededor de US$ 1.000 millones más.

“Es un presupuesto ajustado, equilibrado, que va a permitir el funcionamiento del Estado de manera equilibrada y adecuada”, garantizó y agregó que solo se prevé aumento salarial para los docentes.

Fue a pedir dinero, pero no sabe cuánto

Eugenio Jiménez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, se reunió previamente con el titular del Congreso, Blas Llano, para pedirle formalmente que intermedie por el presupuesto del Poder Judicial en 2020.

Jiménez conversó con la prensa tras este encuentro y, pese a la insistencia de los periodistas, confesó que no sabía cuánto dinero pidió para el poder a su cargo para el año que viene, aunque sí indicó que aumentó en 19% en relación al año pasado.

“El monto no podría ser preciso, pero lo que ocurre es que gran parte del aumento en términos porcentuales significa no una decisión del Poder Judicial o de la Corte, sino la de dar cumplimiento a leyes que están en vigencia y que el Poder Judicial no puede dejar de cumplir”, sostuvo.

Este aumento del presupuesto se dio, según dijo, para un “reajuste” en el salario de los funcionarios —no quiso calificarlo como aumento salarial— y para cumplir las leyes vigentes.

“Los gremios han pedido no un aumento sino una actualización, por la desvalorización que han tenido los salarios, donde no hubo actualización hace 7 años. Es un actualización parcial equivalente al 20%. Los magistrados no pidieron aumento salarial, pero sí una actualización de bonificaciones”, manifestó.

En relación al dinero para cumplir las leyes, dijo que se trata del cupo obligado para personas con discapacidad y del pago del salario mínimo para las personas que aún no perciben ese dinero.

“(Se trata de) la ley que obliga a tener más funcionarios con capacidades distintas, salario mínimo a los funcionarios que no están recibiendo eso, el aumento vegetativo, etc.”, detalló.

Finalmente, celebró que en lo que va del año se pudo ahorrar G. 17.000 millones por recortar “contratos que no eran prioritarios” y, de ese importe, G. 4.000 millones se destinaron a la compra de equipos informáticos.

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